Los médicos se niegan a dejar de tratar a inmigrantes 'sin papeles'

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Los médicos dedicados a tratar patologías infecciosas serán en la práctica insumisos a algunas de las disposiciones del decreto-ley del Gobierno central de medidas urgentes en materia sanitaria, especialmente en lo referente a la limitación de la asistencia a quienes no tengan tarjeta sanitaria y, más en concreto, a los inmigrantes en situación irregular. La Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas (SAEI) se ha posicionado al respecto y ha emitido un comunicado en el que señala que "en ningún caso, en nuestra práctica médica habitual que se sitúa en hospitales públicos, vamos a negar la asistencia sanitaria a ningún ciudadano que se encuentre en situación de marginación social".

Aunque el Ministerio de Sanidad ya ha atemperado en algunas declaraciones públicas los planteamientos que negaban la asistencia normalizada, fuera del ámbito de la atención urgente, a quienes no pudieran acreditar su condición de asegurado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sigue estando vigente una de sus disposiciones, que apunta directamente a la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que estén en situación irregular a partir del próximo mes de septiembre. En este contexto, la SAEI, si bien matiza que esta suerte de insumisión médica se ejercerá a título individual, deja bastante claro en su comunicado que las actuaciones de estos especialistas no se van a limitar a la atención urgente: "Promoveremos que [cada ciudadano] sea atendido no solo en necesidades urgentes, sino también de forma ordinaria en régimen de hospitalización o ambulatorio, tal como venía siendo hecho hasta ahora, siguiendo criterios estrictamente médicos", explica esta sociedad científica que agrupa a los facultativos andaluces dedicados a este ámbito clínico.

Los médicos, que entienden que el nuevo escenario normativo excluye de la cobertura sanitaria a ciertos colectivos, han avisado además que la Saei "demandará del Gobierno de la comunidad autónoma la adopción de medidas que impidan la discriminación en la asistencia sanitaria" por motivos sociales o económicos.

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