El tribunal pide respeto para el primer juez instructor de la Malaya

  • Los abogados de los procesados centran las dos primeras jornadas en reprobar a Miguel Ángel Torres · El presidente de la sala considera "contrarias a las normas de cortesía" las críticas al juez y el fiscal

El tribunal que juzga desde el lunes el caso Malaya contra la corrupción pidió ayer respeto al primer instructor del procedimiento, Miguel Ángel Torres, que ha sido en las dos primeras jornadas del juicio la diana de las críticas de los abogados, quienes han cuestionado el interés del juez en esta causa.

Al reanudarse el juicio ayer en su segunda jornada, el presidente de la Sala, José Godino, consideró "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre en todos los actos procesales" las "alusiones" al juez instructor y al fiscal. La llamada de atención de Godino se produce tras las críticas que hizo ayer el abogado Francisco Soriano, que a su vez es acusado y representa al procesado Manuel Sánchez Zubizarreta. Soriano calificó de "inquisidor" al juez Torres, que dirigió la investigación desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, y actualmente es titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada.

Godino afirmó que toleró dichas acusaciones por el "absoluto respeto al derecho de defensa" como pilar básico del Estado de derecho, así como a todos los letrados presentes, cuya actuación "sigue siendo realmente impecable y ejemplar". Añadió que se permitió esta actitud porque el abogado interviniente también es procesado y es "humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento". Por ello, el tribunal "olvida la cuestión", señaló Godino, quien reclamó a los letrados que centren sus críticas en "cuestiones y matices estrictamente jurídicos" y eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce".

Pese a la petición del tribunal, las críticas de las defensas de los procesados al primer instructor del caso continuaron ayer, sobre todo durante la intervención de los letrados de los presuntos testaferros del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca.

El letrado José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional y ponente de una de las sentencias que condenó al ex banquero Mario Conde, manifestó que Torres "no se comportó de modo imparcial" y que mostró un "interés personal" en la causa y consideró que era "el único juez que garantizaba el éxito de la investigación".

En la misma línea que Francisco Soriano, Choclán afirmó que la instrucción siguió un "modelo inquisitivo" y que el juez y el fiscal no velaron por los derechos fundamentales de los acusados. Según este letrado, que ha reclamado la nulidad total del caso por haberse vulnerado las normas de reparto, el juez Torres ordenó "detenciones masivas".

La mayoría de los abogados han incidido en que los autos de detención deberían ser declarados nulos, en la nulidad de entrada y registro de domicilios y despachos, así como en la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho al juez predeterminado por la ley. La defensa del letrado Juan Hoffman, Gonzalo Astorqui, Julio Blasco, Karin Mattson y el ex edil Pedro Pérez criticó las detenciones "innecesarias" que en su opinión fueron practicadas durante las distintas fases de la instrucción del caso Malaya, contra la corrupción municipal en el Ayuntamiento de Marbella.

Este letrado, José Manuel Vázquez, se adhirió a los argumentos de nulidad de los autos de detención planteados por otras defensas en la primera sesión por "falta de motivación" de dichas resoluciones. El letrado consideró que en la detención de uno de sus patrocinados "la Policía engaña al juez".

Esta defensa se unió a las cuestiones planteadas por la defensa de los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor respecto del registro del bufete, ya que el letrado representa a un abogado en ejercicio, así como la presunta vulneración del derecho de defensa. También aludió a la vulneración del derecho a la intimidad por las intervenciones telefónicas, aunque expuso que hay conversaciones "de descargo, no de cargo" y aseguró que ha habido "un exceso de celo de la autoridad actuante". Además, apuntó a la "falta de concreción" del escrito de acusación del ministerio fiscal.

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