Economía

El Gobierno estudia "aliviar" el retraso en el pago de ayuntamientos a empresas

  • El ministro de Hacienda, Carlos Ocaña, dice que la cifra de 30.000 millones en la que algunos expertos tasan la deuda de las administraciones públicas es exagerada.

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El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció este lunes que el Gobierno está estudiando cómo "aliviar" el problema que supone que algunas administraciones públicas no paguen en un plazo "razonable" a las empresas, una medida que se podría instrumentalizar a través del ICO.

En un curso económico organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Ocaña destacó que los ayuntamientos siempre han pagado con un retraso superior a 60 días, "que es el límite de la administración central y que sí lo cumple", aunque admitió que "puede que esos plazos se hayan deteriorado algo más" por la coyuntura económica.

En cualquier caso, indicó que hay que ser "cuidadoso" con este asunto porque no todos los ayuntamientos "son iguales".

Ocaña subrayó que el Gobierno desconoce a cuánto asciende la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas con las empresas, pero incidió en que la cifra de 30.000 millones de euros, que manejan algunos expertos, es una "pequeña exageración".

A este respecto, indicó que los 8.000 millones destinados a los ayuntamientos en el Fondo Estatal de Inversión Local evitará este problema, ya que el pago del Estado a los consistorios "se hace frente a obra certificada en dos plazos y en el último de ellos para pagar el 30 por ciento final es necesario que se haya pagado a las empresas la primera parte".

Asimismo, señaló que Hacienda ha recibido 655.979 peticiones de aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente a 2008, por una cuantía total de 9.580,27 millones de euros, mientras que en 2007, fueron 504.195 solicitudes por un importe de 6.162,6 millones.

Según Ocaña, del total de las peticiones presentadas el año pasado, la Agencia Tributaria ha concedido hasta la fecha 420.620 solicitudes por un importe de 3.675,03 millones, frente a las 345.759 que se aceptaron en 2007, por valor de 2.539,08 millones de euros.

Ocaña afirmó que el problema del aplazamiento de la deuda es "financiero, no de gasto público", ya que, señaló, "el impacto en caja es importante, pero es sólo un retraso en los ingresos finales del Estado".

Además, ensalzó la labor del Ejecutivo en la adopción de medidas para combatir la crisis, y que han supuesto el desembolso de 20.000 millones en 2008, el 2 por ciento del PIB, y de 24.000 millones en lo que llevamos de año, el 2,3 por ciento del PIB.

Así, indicó que la reducción del Impuesto sobre Sociedades y la desgravación de los 400 euros "están empezando a funcionar ahora", y reiteró que no es un buen momento para llevar a cabo una rebaja de impuestos.

En este sentido, subrayó que la relación entre impuestos bajos y crecimiento económico "no es tan evidente", como se observa en el caso de Irlanda.

Por ello, se mostró en contra de subir el IVA para financiar las cotizaciones sociales, "una posibilidad que no es nueva", pero que ahora no es el momento de adoptar porque afectaría a la actividad económica.

Además, emplazó a la próxima semana para dar cuenta de una actualización del déficit de las cuentas públicas para 2009, que según la última previsión del Gobierno es del 5,8 por ciento del PIB.

Para ello, destacó Ocaña que se tendrá en cuenta el gasto adicional por desempleo de 10.000 millones de euros, que sólo será compensado en parte por los 1.500 millones del recorte de los diferentes ministerios, lo que significa un desfase de 8.500 millones adicionales.

Sobre la previsión del FMI de que la economía española caiga el 1,7 por ciento este año y el 0,1 por ciento en 2010, y que por lo tanto la recesión se prolongue un año más de lo pronosticado por el Gobierno, Ocaña destacó que el FMI no analiza el impacto de las medidas tomadas en 2008 y dudó de la metodología sobre la que se elaboró el informe.

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