El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dicho que el auto del Supremo "avala" el Real Decreto del Gobierno en el que autoriza las prospecciones petrolíferas en aguas territoriales de España a 61 kilómetros de la costas de Canarias. El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud del Gobierno canario y del Cabildo de Lanzarote de suspender los permisos de prospecciones petrolíferas concedidos a Repsol en aguas próximas a Canarias por aplicación de la sentencia que declaró nulas las autorizaciones otorgadas en 2001. En declaraciones a la prensa tras inaugurar el Foro Ibérico de Barcelona, Soria ha señalado que el Supremo también dice que el gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote tendrán que abonar los costes del procedimiento y que no tienen "ningún tipo de fundamento sus pretensiones".

El Consejo de Ministros decidió el pasado 16 de marzo mediante Real Decreto convalidar los permisos otorgados a Repsol hace once años por entender que se habían solventado los defectos de carácter ambiental que habían llevado al Supremo a ponerlos en cuestión. En concreto, ese acuerdo del Gobierno central permite a Repsol y a sus socios en este proyecto -Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG- prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote y la mediana imaginaria que divide las aguas españolas de las marroquíes. En esa zona, el consorcio liderado por la multinacional española pretende confirmar si, como sugieren los estudios que maneja, existen reservas de hidrocarburos capaces de producir 140.000 barriles de petróleo al día, una cantidad que bastaría para abastecer el 10% del consumo de crudo de España. Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros de autorizar esas prospecciones se encontrado con el rechazo del Gobierno de Canarias, su Parlamento autonómico y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que temen que la actividad petrolífera pueda poner en peligro el principal motor económico de las islas, el turismo.

Sobre el hecho de que Repsol haya colocado a un consejero en el nuevo directorio de YPF, Soria ha apuntado que la empresa debe defender sus intereses de la manera que mejor le parezca, tanto en los órganos jurisdiccionales internacionales como en el marco de la legislación argentina, y que el Gobierno siempre defenderá a cualquier empresa española cuando así lo requiera.

Sobre la posible subida impositiva, Soria ha dicho que desde Bruselas se ha apuntado una subida indirecta, pero que no se ha mencionado ningún tributo, y ha añadido que su departamento está preparando un incremento en la imposición que grava la energía, un incremento homogéneo y no discriminatorio".