El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ahondaron el cisma entre las asociaciones de consumidores y la banca, que ha aplaudido la decisión comunitaria.

A la espera de que el Alto Tribunal europeo emita su veredicto final, el sector bancario se felicitó por los resultados del informe y mostró su optimismo de cara a una futura sentencia favorable, tal como manifestó la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

El BBVA, por su lado, recordó ayer que siempre confió en que la tesis del Supremo de anular las cláusulas suelo no transparentes desde mayo de 2013 se ajustaba al derecho comunitario. Por su parte, el Banco Sabadell defendió la validez de sus cláusulas, al haber sido comunicadas a los clientes "con claridad, cumpliendo con los requisitos que el Tribunal Supremo ha establecido para que sean consideradas válidas".

Para el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano, las conclusiones del abogado del TJUE Paolo Mengozzi proporcionan seguridad jurídica tanto en el ámbito español como en el europeo. Afirmó que, de fodas formas, hay que esperar la sentencia Alto Tribunal comunitario y añadió que en todo caso los bancos españoles "acatarán y respetarán la resolución como siempre han hecho". Para el director de los servicios jurídicos contenciosos de BBVA, Eduardo Ortega, "debemos ser extraordinariamente prudentes y respetuosos porque se trata tan sólo de un informe, aunque por supuesto es muy relevante y está dotado de gran autoridad".

Las principales organizaciones de consumidores lamentaron que el dictamen del abogado general del TJUE haya atendido más al bienestar de la banca que el de las familias víctimas de lo que calificaron como fraude millonario. El presidente de la asociación Adicae, Manuel Pardos, afirmó que el letrado "parece equivocarse", ya que las cuestiones planteadas pedían una interpretación de la legislación europea de protección al consumidor.

Otras organizaciones cargaron abiertamente contra Mengozzi, quien, según Asgeco, ha puesto "precio a los derechos de los consumidores, el de la estabilidad financiera de un país"; mientras, la CECU exrpresó su "plena disconformidad" con una resolución "que deja en la estacada a los perjudicados".

También Facua evidenció su desazón y tachó de "indignantes y grotescas" las conclusiones, que muestran "una extraordinaria sensibilidad con los intereses de los banqueros y no con los de las familias, víctimas de un fraude que ha contribuido a provocar multitud de desahucios y suicidios".

En la misma línea se manifestó la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que aseguró que es "un escándalo que una cuestión jurídica tan sencilla como la retroactividad se haya manipulado a favor de la banca", una decisión que achaca a factores políticos.

Entidades y abogados coinciden en mantener la cautela a la espera de que la sentencia final, prevista para los próximos meses, ya que, matizó la OCU, las conclusiones del abogado suelen marcar la senda pero "no vinculan al tribunal".