UPyD pide auditorías en todas las CCAA y municipios para conocer sus cuentas

  • La formación presenta un duro plan de austeridad y transparencia que, más allá de ahorrar, lo que busca es acabar con la opacidad de las administraciones.

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UPyD quiere que se hagan auditorías externas en todas las comunidades autónomas y entidades locales, junto con sus sectores públicos, para conocer su situación económica real y permitir así a los ciudadanos "controlar a los políticos y a las instituciones". Esta es una de las medidas por la austeridad y la transparencia que el partido defenderá en las administraciones en las que entra tras los últimos comicios, entre las que también está el cierre de los aeropuertos deficitarios y de los segundos y terceros canales de las televisiones autonómicas, así como una evaluación exhaustiva de todas las políticas públicas para eliminar las "superfluas".

En la rueda de prensa en la que ha presentado este conjunto de iniciativas, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha explicado que no se trata tanto de ahorrar como de acabar con la opacidad de las administraciones y "romper el pacto de silencio de los viejos partidos para que nadie vea lo que ocurre" en sus gobiernos. Al respecto, Díez ha pedido al PP que practique con el ejemplo y, en lugar de anunciar auditorías en las nuevas comunidades que va a gobernar y en algunos ayuntamientos que ahora ha conseguido, las haga donde ya gobierna porque si no "no resulta creíble" su discurso.

La líder de UPyD ha apelado a la necesidad "urgente de abrir ventanas y levantar alfombras" en las administraciones, no por desconfianza hacia los gestores, pues la mayoría de ellos son "muy decentes", sino porque los ciudadanos tienen "derecho a saber" lo que se hace con los recursos públicos. Ha insistido en que no se trata sólo de gastar menos, sino de hacer la "democracia más grande", porque "no puede haber un país moderno en el que no se sepa qué hay debajo".

Entre las medidas de transparencia UPyD quiere empezar por el control presupuestario, de forma que todos las administraciones publiciten sus cuentas y la ejecución del gasto. Rosa Díez ha admitido que, en la actualidad, el presupuesto "más transparente y controlado" es el del Estado, y en la misma medida se deberían conocer las cuentas del resto de las administraciones. Por eso ha considerado "poco serio" que el líder del PP, Mariano Rajoy, anuncie que se van a auditar las cuentas de las nuevas comunidades en las que va a gobernar su partido "sin mirar las propias", las de aquellas administraciones en las que ya está.

Las medidas de austeridad pasan por la supresión de todos los observatorios autonómicos y locales y la supresión de todos los institutos de estadística, en este último caso para concentrar toda esa actividad en el INE y dar más "credibilidad" al país con la homogeneización de los datos. Junto al cierre de segundos y terceros canales de televisión -o incluso el primero si no ejerce de servicio público- y de aeropuertos deficitarios, se reclaman también "mesas de contratación comunes" para conseguir mejores precios en materiales como el sanitario o para homogeneizar servicios como los informáticos.

UPyD quiere asimismo eliminar empresas y entes públicos que tengan funciones "redundantes" de la administración, conservar sólo los imprescindibles y publicitar la selección y las retribuciones de sus directivos. El establecimiento de baremos para los sueldos públicos tomando como referencia los salarios de la administración central es otra de las propuestas de austeridad, para evitar que un alcalde cobre más que el presidente del Gobierno o un ministro. UPyD apuesta además por hacer una evaluación exhaustiva de las políticas públicas, eliminando las superfluas.

Ramón Marcos, número dos de la lista de UPyD en la Asamblea de Madrid, ha señalado al respecto que es necesario ver qué políticas públicas cumplen su finalidad y se deben mantener porque sirven de verdad. También busca este partido un control de la contratación del personal de confianza, que según Marcos "no pueden ser el botín de nadie para colocar a los suyos", y propone limitarlo a los gabinetes de presidentes, ministros, consejeros y alcaldes, siempre que un empleado público no pueda hacer esa función.

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