Alerta en la capital por el aumento de desahucios por impagos del alquiler

  • El Ayuntamiento advierte del alto coste del arrendamiento por la expansión de los pisos turísticos

  • Lanzará un plan de concienciación

El Ayuntamiento colabora con Stop Desahucios y otras plataformas. El Ayuntamiento colabora con Stop Desahucios y otras plataformas.

El Ayuntamiento colabora con Stop Desahucios y otras plataformas.

Un vistazo rápido a las páginas web de estilo inmobiliario así lo demuestra. Los precios de los pisos y casas que se alquilan en la ciudad de Granada se han disparado. Tanto es así que el Ayuntamiento de Granada ha detectado un aumento del número de familias que buscan la ayuda de la Oficina de Social de la Vivienda de la capital ante el inminente lanzamiento por impago de la renta. Se trata de personas con hijos al borde del desahucio por impago y que tienen serias dificultades para encontrar una alternativa habitacional.

La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ofreció ayer el balance de la actividad de este instrumento que ha logrado frenar el 100% de los desahucios en los que ha mediado. En total, este servicio municipal atendió en 2017 a 438 familias, un 26% menos que en 2016. A juicio de la edil, este descenso se debe en parte a la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 2017. En este sentido Sánchez aclaró que no van a bajar la guardia pues aunque haya descendido el lanzamiento por impago de hipoteca la ciudad empieza a tener serios problemas por la escasa oferta de viviendas en alquiler de larga temporada motivada por los pisos de estudiantes pero también por el aumento de los pisos turísticos.

"A día de hoy los alquileres no están siendo asequibles no solo por la oferta de pisos dirigida a universitarios: también por el incremento de los apartamentos turísticos que ha encarecido las rentas y limitado la oferta", explicó Sánchez quien anunció que ante esta situación el Ayuntamiento va a iniciar una campaña de sensibilización para garantizar el acceso a la vivienda a las familias para que tengan hogares estables.

En concreto, las familia amenazadas con un proceso de desahucio por impago del alquiler suponen un 55%. Por otra parte también existe un 5% de casos tratados por procedimientos penales abiertos por delito de usurpación (ocupación de vivienda); un 19 por ciento corresponde a grandes dificultades en el pago de la renta del alquiler o hipoteca, y un 1% pertenece a procedimientos de desahucios por finalización en precario.

La concejal, que felicitó a los técnicos de la Oficina Social de la Vivienda y a los funcionarios del área de Derechos Sociales por su labor ensalzó también los acuerdos con otras administraciones para lograr resolver emergencias habitacionales. Sánchez puso como ejemplo la colaboración con organismos autónomos y provinciales como la Agencia de Rehabilitación de Viviendas de Granada (AVRA) y Visogsa, para facilitar a 20 familias el acceso a una vivienda pública en régimen de alquiler.

Concretamente, ha mencionado el acceso de 16 familias a una vivienda pública en régimen de alquiler gestionadas por AVRA y otras cuatro, gestionadas por Visogsa. A su vez, a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, se han adjudicado 70 residencias protegidas a través de promotoras públicas. También se trabaja en permanente contacto con colectivos y plataformas como Stop Desahucios o la Red Vivienda para hacer un trabajo coordinado.

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