Benavides se enfrenta a 2,5 años de cárcel por un delito de coacciones

  • El fiscal solicita además 36.000 euros de indemnización por su actuación con la anterior concesionaria de la televisión local, a la que cortó la luz y el teléfono

La Fiscalía mantuvo ayer en el juicio la petición de dos años y medio de cárcel y 36.000 euros de multa para el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un presunto delito de coacciones realizadas a la empresa adjudicataria de la televisión local.

En el juicio celebrado ayer, que duró unas cinco horas, Benavides aseguró que la empresa había incumplido el pliego de condiciones al no hacer frente a la fianza que tenía que depositar y no pagar las deudas reclamadas por el Consistorio correspondiente a la luz, agua y teléfono. Resaltó que fue el entonces concejal de Hacienda el que detectó las "irregularidades", por lo que en noviembre de 2003 solicitó a la Junta de Gobierno el corte, pero la decisión no se tomó hasta enero de 2004 tras "reiteradas" notificaciones a la empresa.

Por contra, el denunciante, el administrador único de la empresa, Vicente Fernández Guerrero, indicó que ellos tenían autonomía para emitir y que, como la empresa concesionaria anterior, no pagaban agua, ni luz ni teléfono porque lo compensaban con el Ayuntamiento al cobrarle la mitad del coste de la publicidad que emitía.

Fernández aseguró que no recibieron aviso alguno del corte de los servicios de las instalaciones de la empresa, que entonces contaba con diecisiete empleados.

Sin embargo, el Ministerio Público consideró que quedan probadas las coacciones ejercidas en ese momento a la televisión, que tuvo que cerrar poco después cuando se le cortó el suministro de la luz. El Fiscal considera también el agravante de la utilización de medios públicos y aprovecharse de una posición de superioridad, además de que no se utilizaron los procedimientos establecidos legalmente para la rescisión del contrato a esta empresa.

Por su parte, la acusación particular, después de adherirse al informe de la Fiscalía, solicitó tres años de prisión por las coacciones y 20 de inhabilitación, por los delitos de prevaricación y contra los derechos constitucionales, como es el de la información, además de una indemnización de 100.000 euros.

El letrado apuntó que, desde que accedió a la Alcaldía, "existía un plan orquestado para echar a una televisión que no era de su cuerda", por lo que hubo una "continuada persecución" a la empresa, primero con el corte del teléfono y lo último el corte de luz y el cambio de cerraduras sin informarles.

La defensa de Benavides pidió la libre absolución del acusado al haberse desvirtuado durante todo el juicio el principio de inocencia que tiene, además se ha basado en que la decisión del corte del suministro eléctrico y el cambio de cerradura la tomó la Junta Gobierno.

Además hizo referencia a que la empresa concesionaria incumplía algunos de los requisitos que había en el pliego de condiciones, entre ellas el pago de los recibos de luz, agua o el teléfono que consumían. El abogado del Consistorio consideró que la actuación de Benavides fue "correcta" y que no llegó a enterarse del cambio de las cerraduras ni del corte de la luz hasta días después.

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