La que era secretaria del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, defendió ayer ante el juez instructor, del conocido como caso de las audioguías, la legalidad del expediente de adjudicación de este servicio en el monumento y confió en que la separación de causas facilite una clarificación más rápida.

Chamorro, que declaró en calidad de investigada durante alrededor de cuatro horas, explicó a su salida de la sede judicial que se ha ciñó a "aspectos técnicos" y que pudo detallar las "incidencias del expediente" y exponer que entran "dentro de la legalidad".

En este sentido, recalcó que no obtuvo "réplica" a sus argumentos y resaltó la tranquilidad tras poder expresar "con todo detalle" y con el tiempo necesario las tramitación que realizó el Patronato de la adjudicación del servicio de audioguías que se investiga en la causa.

Su letrado, Fabio Barcelona, mostró la satisfacción tras poder declarar su clienta, como había pedido desde hace dos años -recordó-, e interpretó que podo aclarar que su actuación fue "absolutamente honesta", cumpliendo las funciones de su cargo y sin ninguna "intervención repudiable".

Consideró además como inoportuno que la Junta adjuntara al juzgado instructor el pasado viernes los datos de la auditoría interna encargada en agosto de 2015 para analizar la gestión de la Alhambra, "informe que no nos afecta" y que fija en siete millones de euros el posible perjuicio causado por posibles irregularidades en algunas adjudicaciones de contratos.

Chamorro confió en que la decisión del juez instructor -que acordó, en un auto el pasado mes de marzo, la incoación de nuevas diligencias previas para investigar todo lo relativo a la ampliación de la querella- facilite que la causa sea más "rápida y clara" al aislar a la empresa Stendhal Museum Solutions del resto de adjudicaciones del monumento.

La declaración de la exsecretaria del Patronato de la Alhambra se suma a la que prestó el martes el que fue jefe de la sección Económica y de Contabilidad del Patronato, José María Visedo, que también defendió técnicamente la legalidad del proceso, ambas incluidas en una nueva ronda de comparecencias de los investigados.

La causa se inició hace casi dos años, en julio de 2015, con la admisión de la querella presentada por la Fiscalía contra seis personas por las presuntas irregularidades cometidas en este servicio. Motivó además la dimisión de la exdirectora del monumento, María del Mar Villafranca, que volverá a declarar como investigada ante el juez instructor el próximo 17 de mayo.