CiU ha presentado una enmienda a la proposición de ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo en la que propone elevar de 250.000 a 300.000 euros la indemnización otorgada por fallecimiento en atentado terrorista -con el objetivo de igualar la cuantía a la reconocida por la Audiencia Nacional en sus últimas sentencias- y propone que la cantidad total que deberá abonar el Estado en concepto de responsabilidad civil, fijada en un máximo de 500.000 euros, sea revisada cada tres años, dado que las cantidades establecidas "son fruto de criterios jurisprudenciales".

También incluye un apartado para que la ley reconozca a las víctimas de acciones violentas "con las que se haya impedido la plena implantación de derechos y libertades, así como el pleno desarrollo democrático y constitucional, especialmente durante el período de la Transición española". Propone, en este sentido, que el Gobierno lleve a cabo un estudio para determinar el número de personas que "sufrieron la muerte, daños físicos o psicofísicos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de la persona o en reclamación del reconocimiento de los mismos, siempre que los actos o hechos causantes hubieran acaecido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 y siempre que las personas que padecieron dichos daños no hubieran ejercido violencia grave contra la vida o la integridad de otras personas", con el objetivo de que sean reconocidas por esta ley.

CiU incluye en esta consideración acontecimientos como la huelga de la construcción de Granada de 1970 que terminó con un tiroteo entre la policía y los asistentes y se saldó con la muerte de estos tres obreros, Cristóbal Ibáñez, Antonio Huertas y Manuel Sánchez, y con 80 personas heridas. Para CiU, este episodio, como el de Vitoria y Montejurra en 1976, "están todavía presentes en la memoria de los ciudadanos y ponen de manifiesto que la lucha por la democracia y las libertades no fue incruenta".