No tenían bastante con fallecer. Ahora, multitud de personas enterradas en el Cementerio de San José han sido "vencidas". Así lo demuestra un breve paseo por el camposanto granadino. Cientos de lápidas cuentan estos días con una etiqueta en tono amarillo fosforito donde únicamente se puede leer dicha palabra junto al logotipo de la empresa que gestiona el servicio: Emucesa. Una fórmula "breve" para comunicar a las personas que se acercan hasta este espacio de que la concesión de determinados nichos, esa que se creía a perpetuidad, ha caducado.

La aparición de esta especie de post-it a todo color ha provocado cierto revuelo en las redes sociales. Son muchas las personas que han manifestado la falta de delicadeza por parte de Emucesa para comunicar el vencimiento o caducidad de la concesión, el paso previo para la exhumación del cadáver dejando espacio libre en un cementerio que, como ya se ha denunciado en multitud de ocasiones, se ha quedado pequeño para la ciudad sin que existan de momento posibilidades reales de una ampliación al estar ubicado en terrenos del parque periurbano de la Alhambra.

31Diciembre. Es la fecha en que finalizó el plazo para regularizar las unidades de enterramiento.

Según explica el concejal delegado de Emucesa, Miguel Ángel Fernández Madrid, las pegatinas amarillas indican efectivamente la caducidad de la concesión debido al impago de algunas tasas por parte de los familiares. Este procedimiento se inició durante el mandato del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada que, en 2016, anunció su intención de desalojar más de 16.179 ciudadanos de los nichos. El motivo era el impago de la tasa de los derechos de conservación general, una cantidad que solo puede asumir el titular del nicho por lo que muchas familias han tenido que realizar esta modificación previo pago para poder afrontar la tasa y conservar a sus seres queridos. Entonces, la concejal delegada de Emucesa, María Francés, aseguró que la medida estaba justificada teniendo en cuenta la falta de espacio del cementerio y las restricciones marcadas por el Patronato de la Alhambra que impiden la ampliación del camposanto granadino. También aseguró que reclamar estas deudas era necesario "en un ejercicio de responsabilidad y de optimización de recursos para evitar agravios comparativos de quienes sí abonan el canon".

Asimismo, aseguró que de las más de 16.000 unidades de enterramiento que podrían ser desalojadas, en torno a 12.000 pertenecen a personas que "nunca habían hecho ninguna gestión con la empresa en los últimos 25 años". El envío de cartas y el anuncio de los fallecidos afectados provocó la regularización de 4.500 unidades de enterramiento. La oposición siempre vio en esta operación un claro afán recaudatorio por parte del Consistorio dada la falta de espacio y la gran cantidad de unidades de enterramiento ubicadas, casualmente, en primera, segunda y tercera fila, las más atractivas de vender.

El revuelo causado por este desalojo masivo fue tal que el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ordenó la paralización del procedimiento nada más llegar a la Alcaldía. Fue en mayo de 2016. El equipo de Gobierno socialista dio una tregua de más de un año para que los granadinos actualizaran sus datos. Según explica el concejal delegado de Emucesa, Miguel Ángel Fernández Madrid, en concreto, se dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 a las familias para arreglar la situación y paralizar el desalojo tras acudir a las oficinas de Emucesa para actualizar la titularidad y asumir los costes. Una vez iniciado 2018 y tras el fin de la tregua, Emucesa ya tiene vía libre para iniciar la operación de desalojo. Algo que ya habría comenzado atendiendo a la pegada masiva de pegatinas amarillas que informan del vencimiento o caducidad de las unidades de enterramiento.

El problema es que actualizar los datos no es una tarea nada fácil. Uno de los principales motivos es que los familiares que desean conservar las unidades de enterramiento de personas necesitan disponer de una serie de datos no siempre accesibles. Es el caso de L. González, una vecina de Granada que intentó conservar el espacio donde se ubican varios familiares lejanos. Según indica, tuvo que ir a la Curia para solicitar diversa información como la partida de bautismo pero para ello debía conocer la fecha de nacimiento. "Son personas que fallecieron hace mucho y no tenemos todos los datos" indica esta mujer que recuerda que no es un problema de falta de pago; es de dificultad para demostrar la consanguinidad con los fallecidos. De hecho, el pago solo puede efectuarlo el titular de la unidad que en muchos casos ha fallecido. Esta modificación administrativa tiene dos dificultades, por un lado, reunir los datos necesarios y, por otro, el pago de 72 euros.

También, tal y como detalló el Centro Artístico de Granada, con esta operación se perderán los restos de granadinos ilustres como el rector Marín Ocete, la primera profesora de la UGR, Joaquina Eguaras o el arquitecto conservador de la Alhambra Modesto Cendoya. Para todos ellos, el Centro Artístico propuso que, al menos, se conservaran las lápidas.