Alrededor de 120 personas prestaron ayer declaración en calidad de imputadas ante el magistrado que investiga el presunto fraude a la Seguridad Social cometido en la provincia de Granada, el juez de instrucción número 9 de Granada, según informaron fuentes judiciales. Las mismas fuentes indicaron que ante el elevado número de comparecencias señaladas para el día de ayer relacionadas con este asunto, las declaraciones de los imputados tuvieron que celebrarse de manera escalonada.

Así, las declaraciones judiciales se prolongaron durante todo el día. Prácticamente todas las personas que ofrecieron al juez su versión sobre la presunta estafa figuraban como trabajadores de las empresas ficticias detectadas en el marco de la operación policial llamada 'Genil'.Las fuentes señalaron que aún quedan por citar a muchos de los implicados sin que precisaran si ya existe fecha para su comparecencia.

El fraude detectado en la provincia, destapado gracias a la operación 'Genil', asciende por ahora a unos siete millones de euros y salpica a más de un millar de trabajadores, según los datos ofrecidos recientemente por el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz.

Los extranjeros supuestamente implicados en la estafa se aprovechaban de su afiliación ficticia a la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo para obtener el permiso de residencia en España. Cruz apuntó que habrá que esperar al resultado de la investigación para poder precisar el número exacto de extranjeros que podrían formar parte de esta trama, así como de los trabajadores y empresarios implicados en total, que son más de un millar. También es pronto para cuantificar el dinero defraudado a la Seguridad Social, estimado por ahora en cerca de siete millones de euros, si bien de momento sólo se han investigado cinco de las doce empresas presuntamente participantes en la estafa, por lo que esta cantidad podría aumentar, apostilló Cruz. Al dinero que se ha defraudado a la Tesorería de la Seguridad Social se sumaría el de las prestaciones indebidas que al parecer algunos de los trabajadores implicados han percibido del Inem.

En diciembre pasado el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, decretó prisión provisional para uno de los dos empresarios supuestamente responsables del fraude y acordó libertad bajo fianza de 6.000 euros para el otro.

Estos dos empresarios, responsables de Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas, están acusados de fraude y falsificación en documento público en el marco de la operación policial, coordinada desde Madrid.

Según la investigación, las personas que acudían a los responsables de estas empresas pagaban cerca de 500 euros por recibir un contrato falso y ser dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que no se llegaba a abonar el pago correspondiente a este organismo.

El subdelegado del Gobierno ha explicado que se recibió, por parte del Juzgado de Granada que instruye el caso, el requerimiento de personación como perjudicados a la Tesorería General de la Seguridad Social y del Inem.

Asimismo, ya se han designado los abogados correspondientes de ambos organismos, con el fin de poder ejercer la acusación "como corresponde" para que "los que han montado esta trama paguen de acuerdo con el alcance de la misma", ha dicho Antonio Cruz.