La lucha de los fiscales contra esa "lacra social" que es la corrupción, ya sea política, económica o administrativa, se topa con las dificultades de la "falta de medios" materiales y humanos, así como el "ineficaz y arcaico" sistema procesal actual. La Fiscalía Superior de Andalucía reclama en su memoria anual soluciones para combatir este problema con mayores garantías.

La corrupción ocupa un apartado importante en la lista de asuntos destacados del año 2015 (recogidos en la memoria anual de 2016 que acaba de salir), porque el propio fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, reconoce que motiva una "intensa preocupación social", de ahí que dedique duras palabras a este problema que, a su juicio, es "incompatible con una sociedad democrática avanzada como la sociedad andaluza y española".

El máximo responsable de este órgano recoge en el documento el sentir similar de las Fiscalías Provinciales, que desarrollan una "extensa y compleja labor", a veces "sostenida durante meses", en las distintas fases del proceso penal. En relación a Granada, aunque la memoria, relativa a 2015, no incluye aún el trabajo más reciente en casos tan complejos y destacados como el Nazarí (en el que se investiga al exalcalde, la anterior cúpula municipal e importantes empresarios), ya destaca otras causas llamativas en las que la Fiscalía está desarrollando una importante labor, como el de las contrataciones de la Alhambra.

Sobre este caso en particular que pone de relieve la memoria, se destaca que tras una información recibida de la Agencia Tributaria sobre una empresa contratista de la Alhambra, la Fiscalía detectó "la comisión de graves delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales imputables a los órganos rectores del Patronato", lo que motivó la presentación de la correspondiente querella.

Granada cuenta con una Delegación de Delitos Económicos, que tiene a una sola fiscal para asumir todos los asuntos de tipo económico y de corrupción, de modo que la escasez de efectivos, unida a la complejidad de la materia y el aumento de casos, ponen de relieve las dificultades a superar para realizar esta tarea. En la memoria consta la "necesidad de ampliar" este área con más fiscales.

En todo momento, el documento pone de relieve la estrecha colaboración con la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y la Policía Judicial especializada, que realizan informes de gran relevancia para el desarrollo de la tarea fiscalizadora. Es más, la Fiscalía de Granada explica que entre estos organismos mencionados se producen reuniones periódicas "para la resolución o aclaración de informes presentados o causas judiciales abiertas".

Entre los delitos económicos que maneja la fiscal están los que se producen contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, las insolvencias punibles, los delitos societarios, las estafas y apropiaciones indebidas, así como otros delitos conexos. La complejidad especial que plantean requiere una dedicación exclusiva y un esfuerzo extraordinario para "evitar la prescripción de los delitos.

Estas dificultades propias de Granada, en un contexto de acumulación de importantes casos relacionados con la corrupción económica y administrativa (casos Nazarí, Serrallo, entradas de la Alhambra, las audioguías de la Alhambra...), son también extensibles a otras provincias en similares circunstancias. De ahí que el fiscal superior de Andalucía incida en ello de un modo genérico.

García Calderón, que presentó su memoria al Parlamento andaluz el pasado 17 de noviembre, no sólo traslada las peticiones de más medios materiales y humanos que llegan desde las Fiscalías provinciales. También reclama un cambio sustancial del sistema procesal. Lo que el máximo responsable de este órgano pide es que todo el proceso de instrucción que ahora se desarrolla en los Juzgados se traslade al Ministerio Fiscal y que se articule "una verdadera policía judicial bajo la dependencia de los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público. De este modo, serían los fiscales los encargados de afrontar las investigaciones en esa actual fase judicial de instrucción.

Para realizar esta tarea, la Fiscalía plantea que se creen equipos multidisciplinares de investigación integrados por unidades policiales, funcionarios dependientes de los órganos de fiscalización y control del Estado y fiscales especializados que coordinen estos trabajos desde el comienzo mismo de las actuaciones.

García Calderón destaca que actualmente los fiscales están desarrollando esta labor con un "firme compromiso institucional y personal" en la lucha contra cualquier forma de corrupción "en términos proporcionados pero inflexibles". Lo que demuestra que es una prioridad esencial de la actuación fiscalizadora en Andalucía.

En este sentido, el Ministerio Fiscal está tendiendo a la especialización y, según la memoria anual, esta inercia "sigue incidiendo de manera muy positiva en la evolución de algunas formas de criminalidad", pues se están prodigando investigaciones que impulsa la Fiscalía que "vienen modificando hábitos irregulares en algunos colectivos o administraciones. Es el caso, según expresa el documento, de algunas infracciones medioambientales o contra la ordenación del territorio, en delitos contra la seguridad vial o formas delictivas menos usuales, en las que la especialización favorece que se esclarezcan los hechos.