Las etapas educativas de Infantil y Primaria son las que acumulan el mayor número de incidentes denunciados por docentes. Entre las dos suman prácticamente la mitad de los casos que llegan a las manos del Defensor del Profesor en Andalucía, un servicio de asistencia a enseñantes creado por el sindicato ANPE y que es el único que arroja luz sobre unos hechos -las agresiones a docentes- sobre la que apenas hay información. La Defensoría de ANPE registró a lo largo del pasado curso 2014/2015 ocho casos en la provincia de Granada, mientras que en toda Andalucía se contabilizaron 146. Los dos datos, el provincial y el regional, mejoran los registros de los últimos cursos. Destaca el hecho de que Granada sea la provincia menos conflictiva de la comunidad y que, además, el número de denuncias que llegan al Defensor haya descendido a la mitad en apenas dos cursos.

Por etapas educativas, el 49% fueron quejas planteadas por maestros de Infantil y Primaria. En un 43% las denuncias se repartieron entre Secundaria y Bachillerato. Sólo un 8% se da en las etapas de Formación Profesional, Educación de Adultos, Artísticas o Idiomas.

Los hechos denunciados por los docentes se dividen en función de la autoría. Cuando son hechos protagonizados por alumnos, en la mayoría de las quejas son por dificultades a la hora de desarrollar las clases (63%). En un 20% la vía de transmisión de las vejaciones fueron las redes sociales, lo que supone, indica el sindicato, un aumento en el número de casos "a destacar". Una de cada diez denuncias fueron por agresiones y en un 6% se alegaron daños a la propiedad del profesor.

Las familias conforman otro capítulo en el asunto de las denuncias. Un 59% de los casos que llegaron al Defensor fueron por situaciones de acoso cometidas por los padres de los alumnos. En tres de cada diez denuncias, los docentes señalaron que eran víctimas de acusaciones o denuncias. En otro 6% de los casos afirmaron haber recibido presiones para cambiar las notas, mientras que en el 5% de los casos hubo agresiones.

Para ANPE "es necesaria una mayor dotación de recursos, especialmente en la atención al alumnado con mayores necesidades educativas" para eliminar estos casos. Además, el sindicato "exige" a la Junta que "dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función. "Otra de nuestras reivindicaciones es la inversión en formación específica del profesorado en materia de resolución de conflictos y la reducción de la creciente carga burocrática que lastra su ejercicio docente", señalan.