La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada ha puesto en manos de la Fiscalía provincial las "reiteradas negativas" del Colegio de Abogados granadino a prestar el servicio de turno de oficio en los tribunales.

Según se recoge en uno de los escritos remitidos al fiscal por la titular de la delegación, María José Sánchez Rubio, el comportamiento del colectivo de abogados "puede suponer una afectación de derechos fundamentales", según informó ayer la Junta en un comunicado.

Entre los derechos que podrían estar siendo afectados, especificó la delegada, están el de asistencia letrada al detenido o preso y el de tutela judicial efectiva, según figura en el documento enviado al fiscal el 15 de noviembre, en el que la Delegación del Gobierno informaba de un nuevo caso de negativa a prestar el turno de oficio.

El problema surgió el 16 de septiembre, cuando el Colegio de Abogados de Granada acordó en una junta general extraordinaria la suspensión del servicio de asistencia jurídica gratuita, así como paros en el servicio de asistencia al detenido todos los martes de 10:00 a 14:00 horas, como protesta por los impagos de la Junta.

El pasado 29 de septiembre, el Colegio cuantificó en 1,35 millones de euros la cantidad que entonces adeudaba la administración autonómica por el turno de oficio y gastos de funcionamiento a los letrados granadinos.

La Delegación del Gobierno solicitó la colaboración de la Audiencia Provincial para conocer las repercusiones del paro, dos días después de comenzar a aplicarse, y remitió un escrito al decano del Colegio de Abogados de Granada en el que le requería información sobre las consecuencias de dicha suspensión del servicio, así como de las medidas que se tomarían al respecto.

El 4 de octubre, el Colegio de Abogados respondió en un escrito en el que hizo una relación de todas sus reivindicaciones e informó de que no se iban a adoptar medidas, a lo que la Delegación contestó el día 27 informándole de "los esfuerzos" que estaba realizando la Consejería de Gobernación y Justicia para cumplir el plan de pagos acordado.