El servicio de ayuda a domicilio por parte de los Ayuntamientos podría estar en riesgo. Así lo indicó la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García, tras informar sobre una nueva normativa aprobada por la Junta.

La parlamentaria indicó que las ayudas a domicilio son un servicio "fundamental, vinculado a la ley de dependencia, que da trabajo a más de 40.000 trabajadoras en Andalucía", y que en la provincia afecta "a unas cinco mil, aproximadamente". Tal y como explicó García, el Gobierno andaluz, "se ha quitado la responsabilidad sobre una competencia que es solo suya".

Según la popular, "lo que se ha aprobado en el mes de junio es que el servicio lo presten Ayuntamientos y Diputaciones y, después de haberlo prestado, la Junta ya les pagará". Este cambio implicará, según García, que tanto las administraciones locales como la Institución provincial tengan que adelantar el dinero de la dependencia, una cantidad que en el caso de la Diputación será de "30 millones de euros, que cuesta el servicio al año en la provincia".

Así, García adelantó que el PP presentará iniciativas tanto en el Parlamento Andaluz, como en las administraciones locales y en la provincial, con el objetivo de que "se retire esta normativa y se vuelva al servicio anterior para evitar que muchos ayuntamientos entren en quiebra al no disponer de ese dinero para adelantarlo y pagar las nóminas de las trabajadoras".