Técnicos de la CHG, imputados por supuestas contrataciones irregulares

  • La querella de un funcionario de la confederación, origen del proceso por estafa, cohecho, malversación, exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha imputado a cuatro responsables y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Granada a raíz de una querella motivada por supuestas actividades irregulares en la contratación de distintas obras del organismo por parte de varios funcionarios. La juez citó a declarar en calidad de imputados a F.G.C., jefe de Servicios de Proyectos y Obras y los técnicos y funcionarios M.O.J., J.A.U.G y E.S.R., por delitos de estafa, cohecho, malversación, fraude y exacciones ilegales y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, según los autos a los que ha tenido acceso Efe.

El querellante -un funcionario de la propia Confederación- acusó inicialmente al jefe de Servicios, aunque tras la declaración judicial de éste, la juez estimó procedente llamar a declarar como imputados a los restantes, tras considerar que de la comparecencia del primero se desprendían afirmaciones que imputaban a ingenieros ayudantes.

La acusación fundamental versa sobre diversas prácticas prohibidas a los funcionarios y penadas por el Código Penal que los imputados, presuntamente, habrían cometido en relación a diferentes obras de mantenimiento de embalses y presas de Granada.

Tras una adjudicación formal de unas obras, los imputados, según la acusación, habrían solicitado a la empresa adjudicataria -que actuaría "de pantalla"-, cheques en blanco para, presuntamente, suplantarla y gestionar ellos mismos el dinero destinado a la subcontratación de los trabajos con otras entidades.

Se les acusa, por tanto, de haber presuntamente intervenido directamente en la subcontratación de obras y servicios a expensas de la empresa adjudicataria, asumiendo como funcionarios las tareas empresariales de una determinada mercantil, con lo que también obtendrían algún beneficio a través de "artificios contables". Con dichos artificios, sostiene la acusación, se liquidarían los gastos de las obras afirmando haber ejecutado mejoras que realmente no se llevaron a cabo y pudieron apropiarse de las cantidades supuestamente gastadas.

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