"Lo que hacemos es legal, está regulado y legislado y es una herramienta más de gestión medioambiental". Adelardo Villafranca, delegado provincial de la Federación Andaluza de Caza (FAC), alega beneficios sociales, económicos y medioambientales para defender su actividad, la "caza social". "Llevamos años recibiendo insultos e incluso amenazas de muerte", alega cuando explica el motivo de las recientes movilizaciones de un colectivo que se siente ofendido por las críticas. La cancha en la que unos -cazadores- y otros -animalistas- se lanzan más que puyas para ver quien es más 'verde' son las redes sociales, ese caldo de cultivo de indignación y debates que casi nunca son constructivos por no ir más allá que en la reafirmación de la postura que se defiende. También en Granada, donde la Federación cuenta con 13.000 afiliados, los cazadores se movilizaron bajo el paraguas de un manifiesto elaborado por la Real Federación Española de Caza (RFEC) desde el que se clama contra el que denominan "yugo ecologista y animalista", se explica que "la caza también vota" y se exige que se "frene" la "escalada de insultos, amenazas y agresiones" que, aseguran, sufren. Alegan que estos colectivos están "radicalizados" e "intentan imponer su ideología anticaza". Como en otras ocasiones -aunque por otros motivos- han salido a la calle. "Estamos orgullosos de lo que hacemos", señala Villafranca.

¿Quiénes son los cazadores? Los cotos ocupan en la provincia casi un millón de hectáreas, lo que supone más del 80% del territorio. Se contabilizan casi 1.100 cotos y en cada pueblo hay, al menos, una sociedad de cazadores. Según los datos de la FAC, hay 240 de estas agrupaciones en la provincia. Son la segunda federación deportiva por número de licencias, sólo por detrás del fútbol y a pesar de que para estar federado se exige tener al menos 14 años, cuando en el fútbol la edad mínima está en los 8 años. Cada cazador genera entre 1.000 y 1.200 euros al año. Según sus datos, son 13.000 federados. La crisis ha mermado en un 10% su número.

"Llevamos años percibiendo desde determinados grupos insultos, incluso amenazas de muerte a cazadores y sus familias", añade Villafranca. Los argumentos que definen la defensa de la actividad son contundentes. "Genera riqueza", indica Villafranca. Y lo hace, según apostillan los cazadores, en un entorno que está singularmente deprimido, como es el rural, castigado por la despoblación. Según los cálculos de la propia Consejería de Medio Ambiente, en toda Andalucía la actividad cinegética genera unos 3.500 millones de euros y genera unos 46.000 empleos. En la provincia de Granada, esta cuantía podría rondar los 40 millones anuales, indica el delegado provincial de la FAC. Veterinarios, guardas, propietarios de armerías, encargados de realas, tiendas de ropa... serían beneficiarios también de la caza. Del otro lado, Javier Egea, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, recela de los datos y añade que "no es tanto el beneficio" que conlleva esta actividad.

Otro argumento esgrimido por los cazadores se basa en la necesidad de control de determinadas especies animales. Los jabalíes, por ejemplo, no cuentan con depredadores naturales en el medio, requieren del control de sus poblaciones para evitar daños mayores. "Cuando hay una explosión demográfica, la caza es la única herramienta" capaz de evitar el crecimiento descontrolado de una especie, indica Villafranca. Así ocurre en la provincia de Granada. En el primer Congreso Internacional de las Montañas Sierra Nevada (Cimas), celebrado precisamente en la capital granadina recientemente, una mesa redonda abordó la "problemática de los ungulados en los parques nacionales de montaña". Se señaló que la legislación -proteccionista con la presencia de estos herbívoros-, el abandono de las tierras y la sensibilización social han sumado para que "las poblaciones" de estos animales (ciervos, corzos, cabras montesas) "hayan aumentado de manera significativa". Un mayor número de ejemplares "impide la regeneración de la vegetación", lo que "pone en peligro la viabilidad de determinadas especies vegetales y hábitats" y, en esa misma mesa redonda, se indicó que "la caza controlada se perfila como una herramienta de gestión necesaria". El moderador de la mesa fue José Enrique Granados, responsable de los planes de gestión de ungulados en el Parque Nacional de Sierra Nevada, indicó que los planes técnicos de caza de la cabra montés ha incrementado en los últimos años los cupos de captura en los cotos del parque natural para reducir la densidad de individuos en el territorio. "Esta medida ha provocado que en estas últimas temporadas se haya incrementado en un 500% el número de capturas". Una de las conclusiones del debate fue que "es necesario un esfuerzo por parte de las administraciones para transmitir a la sociedad la necesidad de intervenir en las poblaciones cuando las densidades son elevadas, con todos los medios posibles. Las corrientes animalistas y proteccionistas deben convertirse en aliadas para la consecución de esos fines", apostilla el documento que resume lo tratado en esa mesa.

Desde Ecologistas en Acción, Egea añade que ese desequilibrio tiene su origen en la actividad cinegética. Así desaparecieron los lobos, depredadores de los herbívoros que ahora dominan el territorio, apostilla Egea. La última vez que se avistó un lobo en Granada fue en 1933. Lo vieron los obreros que construían el Albergue Universitario. Para su control, desde Ecologistas se recuerda que las batidas deben estar gestionadas por la Administración, no por los cazadores. El motivo es que la eliminación de ejemplares tiene que ser proporcional entre machos y hembras y entre ejemplares jóvenes y adultos, no sólo cobrarse animales por el trofeo. Además, Egea pone sobre la mesa la presencia de especies alóctonas -como el arruí- que, precisamente, pueden ser cazadas en zonas donde las especies autóctonas están en declive. En este sentido, hila la aparición de las primeras y la restricción de capturar las segundas a los intereses de los cazadores. "Cuando no hay especies que cazar, aparecen muflones o ciervos", indica.

"La vida salvaje es vida salvaje y los animales son animales. No son personas", añade el delegado de la Federación Andaluza de Caza. Por su parte, Egea alega que "a nivel social hay una mayor conciencia y muchos no entienden" una práctica como es matar a un animal y que, según el ecologista, no se ciñe a la práctica cinegética. "Hay miles y miles de perros a los que, con suerte, se les pega un tiro". "Hay cazadores que aman a sus perros, pero otros no, los usan como herramienta y cuando no los necesitan" los desechan, en ocasiones, según Egea, de una forma cruel, una acusación de la que los cazadores reniegan. Villafranca reconoce que, como en todos los ámbitos, "hay garbanzos negros", pero que no se puede generalizar en un colectivo tan amplio. Es más, defiende que "somos los primeros que estamos en el campo y los primeros interesados en que haya vida" y que cuando se trata de luchar contra el furtivismo "nosotros nos presentamos como acusación particular". "Yo no he visto a ningún ecologista poner comederos y bebederos, algo de lo que se benefician todos los animales", apostilla.

La defensa del medio ambiente que sirve de argumento para los cazadores también tiene su envés cuando se pasa por el tamiz de las asociaciones ecologistas. Javier Egea explica que la práctica cinegética ha acabado con las perdices salvajes, que se ha empleado veneno para acabar con los depredadores en los cotos destinados a las cacerías. Además, para mantener la actividad, se recurre a animales criados en granjas. "De los cinco millones de perdices capturados el año pasado, cuatro millones eran de granja". Estos animales se sueltan para su captura durante la época de veda y, una vez que finaliza, los que han conseguido sobrevivir a las escopetas mueren porque no consiguen adaptarse a un entorno salvaje. "Una vez que se acaba la temporada, mueren". En la provincia de Granada, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, hay 21 granjas cinegéticas.

Egea y Villafranca tienen un punto en común. Minimizan a su rival. Para el responsable en Granada de la Federación Andaluza de Caza, "somos un millón de cazadores y cuatro millones de personas viven de esto", desglosa. Números rotundos que, además, tienen el respaldo de una legislación que permite esta práctica, por muy polémica que resulte para determinados colectivos. Por su parte, Egea argumenta que "sólo son el 1,5% de la población" española y "disponen del 80% de la superficie del territorio". "Una mínima parte de la población dispone para su disfrute de algo que es de todo el mundo", arguye. "Si hay conejos, son para toda la población".