UN AÑO DE LA OPERACIÓN NAZARÍ

"Aún me acuesto pensando que la Policía va a volver"

  • Aquella operación policial sin precedentes en esta ciudad fue la revelación de una enorme investigación judicial que avanza ahora con los resultados de los registros de ese día.

Un año de 'pasión' nazarí"Aún me acuesto pensando que la Policía va a volver" Un año de 'pasión' nazarí"Aún me acuesto pensando que la Policía va a volver"

Un año de 'pasión' nazarí"Aún me acuesto pensando que la Policía va a volver"

Será el próximo Jueves Santo cuando se cumpla un año de aquel 'miércoles de pasión'. El 13 de abril de 2016 es una fecha señalada en el calendario histórico de esta ciudad y en la memoria de sus vecinos, que pudieron asistir en persona o a través de los medios de comunicación a una operación propia del cine policiaco que se desarrollaba en el mismo escenario de su rutina diaria. Decenas de furgones con cientos de agentes especializados cortaban calles, desalojaban oficinas, registraban viviendas y detenían a personas como el propio alcalde Granada, José Torres Hurtado, que fue sacado de su domicilio para llevarlo a la Comisaría en coche policial.

Hoy se han contado ya casi todos los detalles desde que a las 7 de la mañana comenzara aquella operación Nazarí, pero poco ha trascendido de los frenéticos días previos que se vivieron en los despachos policiales y judiciales, y, por supuesto, de las experiencias personales pasadas por la quincena de investigados aquel día y durante este año de crónica judicial continua.

Políticos, altos funcionarios, abogados o empresarios... Sus vidas eran relativamente seguras. Lo último que podrían imaginar era una fuerza policial entrando por sorpresa en sus casas, al despuntar el día, para detenerlos y registrar sus estancias personales y despachos en presencia de sus propios familiares.

Según algunos de sus testimonios a este periódico, aquel día ha seguido presente en sus vidas, no solo por las consecuencias de su condición de investigados en una causa judicial, si no desde un punto de vista psicológico. "Aún me acuesto por las noches pensando que la Policía va a volver, que al despertar van a llamar a la puerta e invadir mi casa", explica una de las personas detenidas aquel día, que, como los demás, asistió al habitual análisis policial de todos sus cajones, armarios y dependencias domésticas.

No es difícil imaginar el golpe moral de aquella experiencia porque incluso en el auto judicial que autorizaba los registros se hace mención al derecho fundamental de toda persona a la inviolabilidad de su domicilio. Ahora bien, sobre la mesa del Juzgado de Instrucción 2 de Granada y de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía había para entonces una larga serie de indicios de que esas personas formaban parte de una "trama organizada corrupta que de forma continuada y prolongada en el tiempo habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad". Con esto como premisa, la jueza firmó el 12 de abril de 2016 varios autos de casi 60 páginas en total en los que autorizaba casi todas las medidas de acción solicitadas por la Policía.

Ordenó registros en 26 dependencias, (16 domicilios y 10 oficinas o despachos), mandamientos a los bancos y a los registros de la propiedad, y peticiones de información a Hacienda y la Seguridad Social. Dado que la investigación se había desarrollado bajo secreto del sumario hasta entonces, se pidió de golpe toda la información posible sobre los que iban a ser detenidos y hasta de algunos de sus familiares. Era el efecto sorpresa.

Pero de todas las medidas propuestas por la Policía en un documento remitido al Juzgado el 11 de abril, la única que la jueza no recogió expresamente en sus autos de aquel día fue la detención de las 16 personas. Este detalle, que tanto la Policía como otros juristas consideran intrascendente por ser una medida que adopta la fuerza actuante bajo el criterio de la ley y habiendo informado previamente a la jueza, ha tenido bastante importancia.

De hecho, es el argumento fundamental de las defensas en el recurso que algunos de los investigados han presentado en la Audiencia Provincial. Casi coincidiendo con el año de la operación Nazarí, se ha dado traslado al Tribunal de varios recursos que solicitan la nulidad de las detenciones y del registro de los dispositivos electrónicos. La defensa de la exconcejal Isabel Nieto, del exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y de otros cargos municipales ha pedido que la Audiencia ordene destruir las copias de los documentos, así como las fichas y los antecedentes policiales que constan como consecuencia de aquella operación policial.

A este debate contribuyó en su día la posición de la Fiscalía, que desde Madrid intervino en ciertos aspectos de la operación Nazarí y llegó a censurar después públicamente la actuación de la Policía. En los días previos, ante la propuesta de actuaciones de la UDEF para el 13 de abril, un informe del Ministerio Público aprobaba la mayor parte de las medidas porque -decía- "es el momento de llevar a cabo la actuación que solicita la Policía Judicial (...) No se encuentran otras vías menos gravosas para la comprobación de los graves ilícitos que se investigan".

Ahora bien, en el párrafo siguiente la Fiscalía agregaba: "no procede informar afirmativamente ni a la detención del alcalde de Granada ni a la entrada y registro de su domicilio particular, como tampoco a las dependencias de la Alcaldía". La salvedad relativa a Torres Hurtado abrió una polémica brecha que probablemente tendrá que resolver la Audiencia Provincial en los próximos meses (aunque el recurso no lo ha presentado su defensa, si no la de otros investigados). En una primera respuesta a estas alegaciones, tanto la jueza del caso como la fiscal de Medio Ambiente han considerado que las detenciones se habían realizado conforme a la legalidad.

Estas dos mujeres, la magistrada María Ángeles Jiménez y la fiscal Sara Muñoz-Cobo, han vivido también su particular año de pasión, pues se han encargado de uno de los casos judiciales más mediáticos y complejos que están en vigor en España. Durante los 10 primeros meses del año 2016, su trabajo, asistido en todo momento por la Policía Judicial -que ha realizado los informes clave en la investigación-, ha sido muy interno, pues las actuaciones han estado secretas hasta noviembre pasado.

Una actuación policial y judicial tan incisiva como la del 13 de abril de 2016, tenía que tener una sólida base de indicios criminales que lo justificara. Durante muchos meses hubo una expectación máxima que se centraba en estas personas, únicas conocedoras de todo lo que en realidad había propiciado aquella operación Nazarí.

Las preguntas realizadas a los investigados durante sus comparecencias judiciales entre abril y mayo pasados -además de un papel que según el exalcalde se había dejado la Policía en su casa- dio algunas pistas más concretas sobre lo que se estaba averiguando en esta causa.

Eran ocho grandes asuntos urbanísticos tramitados casi todos por el Gobierno local de Torres Hurtado, aunque algunos se remontaban incluso a 2001. Quince años de urbanismo en el punto de mira.

Y una vez levantado el secreto de las actuaciones, en noviembre pasado, los medios de comunicación desgranamos los detalles de esa investigación. Supimos entonces con más claridad que se sustentaba en la existencia de una posible "trama criminal". El caso está pendiente de dos grandes cuestiones, que son los informes periciales urbanísticos encargados a la Junta de Andalucía y los resultados del análisis que la Policía está haciendo de la ingente cantidad de material requisado durante los registros policiales del 13 de abril.

La UDEF ha entregado ya sus análisis de los documentos hallados a García Arrabal y a la secretaria del Ayuntamiento, que revelarían un "trato de favor" a los empresarios investigados por parte de los responsables municipales. Han tenido especial importancia los papeles con correos electrónicos privados que durante años habían intercambiado el empresario Roberto García Arrabal y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

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