Tras las elecciones del pasado 22 de mayo veintisiete concejales fueron elegidos en la capital y otros tantos en cada uno de los municipios de la provincia. Algunos repetían en el puesto, sin embargo, para otros muchos es la primera vez que obtienen un cargo público de este calibre.

Para estos 'primerizos' son muchas las dudas que se le vienen a la cabeza durante los primeros días de mandato. Con el fin de resolver todos sus problemas y facilitarles un poco su trabajo, la doctora en Derecho Administrativo, y ex concejal, Pilar Navarro Rodríguez, publicó, quizá por su propia experiencia, un informe en la que recoge las cincuenta primeras preguntas que se hace un concejal. A falta de escuelas que le enseñen su 'oficio' esta guía sirve como referencia para los primeros meses de trabajo de los ediles noveles.

Durante los próximos cuatro años ellos serán los encargados de velar por el desarrollo y el buen funcionamiento de su municipio, bien en diferentes áreas a las que les delegue el alcalde como educación, cultura o sanidad, bien a distritos determinados. El 'concejal delegado' está obligado a asistir a las sesiones plenarias, y a responder a las preguntas que le hagan sobre su actuación el resto de concejales y los vecinos que lo deseen. Las decisiones del Pleno se toman por mayoría simple, salvo en casos concretos que requieren de mayoría absoluta.

Pero su trabajo no queda ahí, además son los responsables de asistir al alcalde y vigilar y dar seguimiento a su gestión. Para ello los concejales se reúnen en comisiones de estudio, informe o consulta. Entre ellas, está la comisión especial de cuentas, relativa a los temas relacionados con economía y hacienda.

Gracias a su puesto los concejales tienen un mayor acceso a información privilegiada y poseen la capacidad de tomar decisiones y hacer cambios significativos que afectan al resto de la ciudadanía. Pero estos derechos conllevan también una serie de obligaciones y restricciones.

Es innegable que los concejales se encuentran en una situación de poder y por ello, pueden cometer una serie de delitos que se derivan del abuso de su situación como autoridades. Entre los delitos más comunes están la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos. Es decir, debido a su puesto podría darse el caso de que los concejales aprovechasen su cargo para dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de que son injustas, sacar provecho propio o para un tercero de información privilegiada y de su situación jerárquica o usar los fondos públicos con ánimo de lucro personal. Todo ello está fuertemente penado.

Además, por haberse aprovechado de su cargo y por la repercusión que puede causar, si comenten estafas, apropiaciones indebidas, injurias o calumnias se les castigará con una pena mayor que a cualquier otro residente del municipio. El código penal también considera ilícito la revelación de secretos por autoridades y el uso de secretos.

A pesar de que su trabajo pueda influir notablemente en la vida diaria de los ciudadanos de a pie, no hay que olvidar que ellos también son personas corrientes y que el cargo de concejal no deja de ser un trabajo como otro cualquiera, aunque con excepciones.

Pero no hay que olvidar que antes de tener este puesto por lo general los ahora concejales han sido trabajadores de la Administración pública o de empresas privadas. Entre los concejales de Granada hay empresarios, politólogos, trabajadores sociales o abogados, quienes, una vez terminada la legislatura puede que quieran, o que tengan, que volver a su antiguos oficios.

Una vez que reciben el cargo los concejales que pertenecían a la administración quedan en una situación de Servicios Especiales, el resto puede optar por una excedencia forzosa o una excedencia voluntaria, según el caso. Si es una excedencia forzosa podrán conservar su puesto y antigüedad, pero si se acogen a una excedencia voluntaria perderán tanto una cosa como la otra y tendrían que volver a empezar tras sus cuatro años de concejal.