El conflicto de los rumanos se enquista y siguen las negociaciones para su realojo

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Una portavoz de la plataforma de solidaridad con la comunidad rumana resumió ayer en dos palabras la reunión que habían mantenido con la delegada para Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Elvira Ramón. "Hay voluntad", fue la conclusión de un encuentro en el que también participó el Defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo. A pesar de la voluntad, una treintena de personas durmió una noche más en la Asociación de la Prensa de Granada.

Mientras, siguen las negociaciones con los propietarios de naves en la capital, donde puedan ser trasladadas las familias por un periodo de 15 días, según explicó a Efe el defensor del Ciudadano. Sáiz-Pardo declaró que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada acordaron el miércoles financiar el alquiler de una nave que tendrían que buscar entre la plataforma y él, que piensa que el alojamiento más adecuado es la nave de la Carretera de Málaga, aunque aún no hay acuerdo con sus propietarios.

Sáiz-Pardo explicó que las familias permanecerían en el albergue de emergencia humanitaria durante un periodo de 15 días, hasta que busquen una vivienda definitiva, además de normalizar situaciones como el trabajo o la escolarización de los hijos

Por su parte, desde la plataforma de apoyo se explicó que en la Asociación de la Prensa pernoctaron ayer por segunda vez siete menores y una veintena de adultos, que durante el día acudieron a diversos centros sociales tanto para poder asearse como para comer. Una portavoz de la plataforma criticó que, mientras la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social les ha atendido y el Defensor del Ciudadano "se está volcando", el Ayuntamiento de Granada "ni siquiera se ha querido reunir con nosotros", a pesar de pedírselo de forma verbal, al igual que a la Junta.

"No pedimos que les den casas gratis, sino que se tomen medidas ante una situación de emergencia", continuó la portavoz, que también criticó que el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, asegurase que el desajolo del Cortijo Nuevo podía provocar un "efecto llamada" entre la población rumana en la capital. "No se han sentado con nosotros, no han mandado a los servicios sociales", aseguraron desde la plataforma.

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