Una vez transcurridos tres años desde que la empresa contratista de TG7 comenzó a acumular una "bolsa" de servicios extra, prestados a petición del Ayuntamiento de Granada y que ya alcanzaba los 860.000 euros (IVA incluido), la mercantil firmó un convenio con el concejal del PP Juan Antonio Fuentes (principal investigado en la causa judicial) destinado a regular y poner por escrito esta forma actuar.

Era julio de 2015, poco antes de que este edil tuviera que dejar sus competencias en la televisión por diversas polémicas relacionadas con su gestión y que el Ayuntamiento decidiera rescindir el contrato a CBM. En ese acuerdo se regulaba la forma en que la empresa podría prestar "servicios complementarios" al contrato anual que la mercantil tenía desde 2011 y que tenía un límite de 629.576 euros. Los gastos extra se pagarían con espacios publicitarios en TG7 que ocuparían determinados patrocinadores buscados por el Ayuntamiento y cuyos ingresos revertirían directamente en CBM. Es decir, como se estaba funcionando hasta ese momento.

Hasta en tres apartados, el nuevo convenio de 2015 especifica que la empresa privada prestaría esos servicios a requerimiento del Ayuntamiento de Granada, pero "a su riesgo y ventura". Esto es, "aunque no tengan certeza de la existencia de un sponsor que vaya a retribuir los servicios en el momento de la prestación de los mismos".

En ese documento, el Ayuntamiento no se compromete a pagar ningún servicio extra. Solo facilitaría los espacios publicitarios y la intermediación para buscar patrocinadores o anunciantes que pagaran campañas a CBM u otras empresas de su grupo.

Sin embargo, una vez que el Ayuntamiento rescindió el contrato a CBM, ésta presentó una factura para reclamar el pago de todo el montante de servicios extras que seguía pendiente, al no haber llegado a ser cubierto en su totalidad por los sponsor.