Una nueva declaración de bienes, la segunda que los diputados provinciales realizan en menos de un año, fue 'colgada' ayer en la página web de la institución provincial (www.dipgra.es) en un intento de zanjar la crisis provocada por la supuesta adulteración del patrimonio declarado por los corporativos.

A diferencia de la declaración incompleta que realizaron el pasado mes de enero, en ésta la totalidad de los diputados provinciales ponen a disposición de los ciudadanos los detalles que obviaron en enero motivo por el que se levantó una tremenda polvareda que terminó salpicando a políticos ajenos a la institución.

En aquella ocasión, el presidente, Antonio Martínez Caler, acusó al portavoz del PP, Antonio Granados, de mentir en su declaración de bienes, al ocultar datos sobre una VPO que el dirigente popular sí incluyó entre sus bienes aunque no especificó que se trataba de una vivienda protegida que le concedió la empresa pública de vivienda y suelo de Diputación (Visogsa) antes de ser diputado.

Ante la controversia desatada, la propia Presidencia propuso al pleno que los diputados volvieran a aclarar sus bienes aunque el PP exigió que la declaración se hiciera extensible al personal de confianza del equipo de gobierno.

Si se comparan ambas declaraciones se observa que en esta ocasión el propio presidente de la Diputación incluye, además de su casa, una tercera parte de otra vivienda y un inmueble rústico heredados de sus padres que el propio Granados sacó a la luz pública en uno de los últimos plenos ordinarios en respuesta a la denuncia realizada por Martínez Caler.

También resulta llamativo que la diputada del PP por Pinos Puente, Teresa Fernández del Moral, declare bienes inmuebles de nuda propiedad -cuando se ejerce dominio sobre un bien pero no ostenta la posesión por haber sido cedida ésta a través de un derecho real denominado usufructo-, saldo bancario y acciones que no hizo públicos en enero.

En aquella ocasión, el cuidado que los diputados de uno y otro signo político ponían en dar detalles de sus hipotecas contrastaba con la opacidad a la hora de desvelar sus saldos bancarios o los valores catastrales de sus bienes inmuebles. Ahora, todos ellos facilitan dicha información aunque por lo general son valores que no están actualizados en el mercado.

En esta ocasión se ha seguido el modelo de la Junta de Andalucía y se ha optado por presentar los bienes en formato PDF para impedir una hipotética manipulación. Los populares exigieron, no obstante, que los documentos de sus bienes no se transfieran si no existe la autorización del diputado.