El fiscal no ve motivo de nulidad en la pericial encargada sobre el Nevada

  • Se opone a que Tomás Olivo pague a los peritos para que acaben ya su informe

El fiscal del caso Nevada no ve ningún motivo de nulidad en el informe pericial encargado por el juez que instruye la causa, Miguel Ángel del Arco, para concretar las supuestas irregularidades cometidas en la edificación del mastodóntico centro comercial de Armilla.

Según informaron ayer a este periódico fuentes del caso, el fiscal considera que se hizo correctamente la designación de los peritos para la elaboración de la citada pericial, una prueba que previsiblemente será clave en el proceso.

De este modo, el fiscal discrepa de los planteamientos esgrimidos por los abogados de Tomás Olivo, quienes, en un reciente escrito remitido al juez Del Arco, anunciaban que se reservaban el derecho a impugnar dicha prueba en la fase de juicio oral por las "irregularidades" que a su juicio se habían cometido en la designación.

E l fiscal se opone además a que Tomás Olivo pague a los peritos judiciales para que puedan concluir su trabajo pronto y se dé por concluida la instrucción del caso, un ofrecimiento también realizado por sus abogados.

Estas alegaciones del fiscal, remitidas al juez del caso, se producen después de que éste pidiese a las partes opinión sobre si debía ser declarada nula la pericial encargada.

En concreto, lo que el magistrado hizo fue plantear de oficio un incidente de nulidad de las actuaciones realizadas en relación con esta prueba en trámite. Ahora, el resto de las partes personadas habrán también de exponer sus opiniones al juez Del Arco, quien, una vez recabadas las tesis de unos y otros, tomará una decisión al respecto.

En el caso Nevada hay una decena de imputados, siendo los principales encausados el que fuera alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara; su edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate; y el promotor de la obra, Tomás Olivo. El caso, que se comenzó a investigar a principios del año pasado tras una denuncia de la Fiscalía, se tramita por posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

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