Casi todos los alcaldes de Granada se han encontrado herencias envenenadas de sus antecesores en el cargo. Al actual, Torres Hurtado, el fatídico legado no le ha llegado a las 48 horas de tomar posesión como le ocurrió a Jesús Quero, pero sí le han tocado las indemnizaciones más elevadas de la historia de la ciudad. Unos 32 millones de euros podrían sumar las compensaciones a las que se enfrenta en estos momentos el municipio por errores e irregularidades de los antiguos gestores.

La reciente ratificación del Tribunal Supremo de una sentencia que anula la expropiación de los terrenos del actual Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) obliga al municipio a no demorar más la búsqueda de una fórmula para pagar una enorme indemnización a los antiguos propietarios, que podría rondar los 18 millones de euros. Pero esto no es todo. Aunque el asunto se encuentra recurrido, a finales de 2007 el Ayuntamiento conoció otra condena que le obliga a pagar 13 millones de euros, más otro millón de intereses, a un constructor de la ciudad por un convenio urbanístico que afecta al edificio Penta y que se firmó en 1998, el mismo año de las expropiaciones del PTS.

¿De dónde saca 32 millones de euros un Ayuntamiento cuyo presupuesto anual para el mantenimiento de la ciudad es de unos 200 millones? Salvo nuevas invenciones, las dos vías de solución son los créditos de los bancos o el patrimonio de la ciudad y las compensaciones urbanísticas; es decir, el otorgamiento a los afectados de parcelas y derechos para construir en la ciudad. Estas son las fórmulas utilizadas a lo largo del tiempo, dado que el municipio ya se ha visto en situaciones parecidas en más de una ocasión.

Aunque a Torres Hurtado los problemas heredados le han llegado fundamentalmente del gobierno de su compañero de partido, el popular Gabriel Díaz Berbel, el tema no ha dejado de emplearse estos días como arma política. PSOE y PP se han reprochado mutuamente errores del pasado. Y la realidad es que los ruinosos legados no sólo han venido de casi todos los gobiernos, sino que muchos de ellos se deben a una mala gestión continuada en el tiempo, que incluye a miembros de varias corporaciones.

Plaza de Toros

De la época de Antonio Jara llegaron después dos viejos conflictos. El primero y uno de los más conocidos le estalló a Jesús Quero nada más sentarse en el despacho de la alcaldía. Se trata de los edificios que rodean la Plaza de Toros, a cuya construcción se había opuesto el Ayuntamiento, que al final fue condenado por los tribunales a pagar a la familia Fernández Fábregas su primera indemnización millonaria.

A los 476 millones de pesetas de compensación económica se le sumó la licencia para construir dos de los cinco bloques de pisos previstos y la cesión de una parcela en los antiguos terrenos de Campsa (ahora, Parque Fernández Píñar), valorada en unos 800 millones de pesetas. En total, entre patrimonio de suelo y dinero en metálico, el Ayuntamiento se desprendió a principios de los 90 de unos 7,2 millones de euros. Para hacer frente al pago de dinero el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un crédito bancario.

Parque García Lorca

Lo mismo tuvo que hacer años después el socialista José Moratalla para indemnizar a los afectados por la expropiación que el gobierno de Jara llevó a cabo para construir el Parque Federico García Lorca. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al municipio en 1999 a pagar 2,4 millones de euros a los dueños de terreno que habían recurrido la expropiación forzosa en 1989. A esto se le sumó otro millón de euros de intereses.

Penta

De la época del popular Gabriel Díaz Berbel llegan ahora los asuntos que pueden convertirse en los más gravosos para la ciudad en toda su historia. No obstante, hay parte de la tramitación de los expedientes irregulares que continuó en el tiempo y se extendió al mandato de José Moratalla.

El caso del edificio Penta se inició con un convenio de 1998 en el que se le permitió a un constructor levantar más edificabilidad de la prevista a cambio de la cesión a la ciudad (como zona verde) de unos terrenos contiguos que en realidad no eran de ese promotor. El Ayuntamiento no sólo aceptó esa cesión, sino que después procedió a la devolución de los avales económicos presentados por los promotores para garantizar que cumplen su parte del trato.

Lo peor es que para entonces ya le constaba al Consistorio que los terrenos tenían otros propietarios legítimos, una familia que ha pasado años alertando de esto al municipio y que al final vendió su suelo por 600.000 euros a otro promotor, que es el que se ha encargado de recurrir el asunto y poner al Ayuntamiento contra las cuerdas.

El gobierno de Torres Hurtado también tiene algo de responsabilidad en este asunto, en tanto que el promotor acudió a Urbanismo para negociar el asunto antes de reclamar una indemnización. La Gerencia no le contestó y la respuesta fue una resolución del órgano que regula las expropiaciones fijando el pago compensatorio en 13 millones de euros.