Los asuntos judiciales han provocado hoy la enésima convulsión en el Ayuntamiento de Granada y en la política granadina. Los concejales Juan García Montero, Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz, Francisco Ledesma y todos los demás miembros de la junta de gobierno del Partido Popular en la última etapa del alcalde José Torres Hurtado tendrán que declarar el mes que viene como investigados ante la jueza que lleva el conocido caso Serrallo, por la construcción de una discoteca en terrenos destinados a un parque infantil.

La magistrada María Ángeles Jiménez firmó el pasado martes un auto en el que cita por un posible delito de prevaricación urbanística a las once personas que, junto al ex alcalde (que ya compareció en sede judicial el pasado 27 de marzo), formaban parte de la junta de gobierno local que el pasado 26 de julio de 2012 aprobó las medidas necesarias para permitir el funcionamiento de la discoteca construida por el promotor Roberto García Arrabal.

La junta de gobierno está obligada a "cerciorarse" de las decisiones que adopta

Se trata de nueve concejales (todos del PP, partido que gobernaba en ese momento), además de la secretaria y el interventor municipales, que asistieron a aquella sesión de gobierno como fedatarios públicos.

10 de los 16 concejales que tenía el PP en el Ayuntamiento de Granada durante el penúltimo mandato de Torres Hurtado (de 2011 a 2015) se han visto salpicados por este caso que se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital. La primera edil afectada por este caso, que comenzó en 2014, fue la que llevaba las riendas de Urbanismo, Isabel Nieto, a la que se le imputan cinco posibles delitos: contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Hace un año estalló la Operación Nazarí, que desveló una investigación mucho más amplia sobre una posible "trama criminal" en el Ayuntamiento de Granada para favorecer a empresarios de la construcción. Esto afectaba de lleno a la misma concejal y al propio alcalde, que se ven forzados a presentar su dimisión y a los pocos días el PP pierde el gobierno municipal en favor de los socialistas.

Aunque la investigación del caso Nazarí estaba en pleno fulgor, la causa judicial del Serrallo, iniciada antes, parecía que iba llegando a su fin (la jueza llegó a firmar en enero pasado un auto en el que puso a los investigados a un paso del juicio). Pero entonces la Fiscalía recurrió por considerar inconclusa la instrucción y la acusación popular, que representa el letrado Jorge Carmelo Fernández Díaz, pidió ampliar la lista de imputados al introducir algunas de las pruebas obtenidas en la investigación nazarí y que conectaban directamente con el caso Serrallo.

A la vista de esas nuevas pruebas, entre las que estaban el testimonio judicial del ex concejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo y los correos privados intercambiados entre la edil Nieto y García Arrabal, la jueza pisó el freno y reactivó la investigación del caso. En el auto firmado el pasado 3 marzo acordaba, entre otras cosas, incluir a Torres Hurtado entre los investigados por los mismos delitos y ya avanzaba la magistrada la posible imputación de los miembros de la junta de gobierno en función de la declaración del ex alcalde.

Torres Hurtado acudió al Juzgado el 27 de marzo y le dijo a la jueza que tanto él como el resto de sus compañeros de la junta de gobierno que presidía actuaban de forma "automática", puesto que seguían los criterios que les indicaban los respectivos técnicos. En los mismos términos se han pronunciado ya públicamente otros concejales de aquel gobierno del PP, quienes han llegado a decir que no sabían si quiera lo que era un estudio de detalle, documento utilizado habitualmente en cualquier ayuntamiento para desarrollar el urbanismo del municipio.

Pero el asunto que aprobaron por unanimidad en la última sesión de julio de 2012, antes de irse de vacaciones, no fue un estudio de detalle. Era algo menos técnico. Una "fijación de horarios y usos complementarios del parque de atracciones infantil" en la zona del Serrallo. Esta medida es la que permitió al promotor de la discoteca abrir y desarrollar su negocio después, pues necesitaba un cambio de los horarios incluidos en el pliego del concurso que obtuvo para hacer esa supuesta zona infantil, que era la apertura diaria hasta las 10 de la noche. También se aprobaron unas "instalaciones de apoyo complementarias del uso común del parque". Es decir, que se acordó introducir allí unos usos del suelo para esa discoteca amparados en la interpretación de la norma que permite hacer "kioscos o zonas de restauración" que "ayuden a desarrollar las posibilidades del parque infantil".

La jueza del caso no se debió de quedar conforme con las explicaciones de Torres Hurtado y acaba de firmar un nuevo auto en el que cita a declarar como investigados a todos los que participaron en aquella junta de gobierno. En el mismo documento, y como argumentación para imputar al resto de ediles, la magistrada reprocha al ex alcalde sus explicaciones sobre la dinámica de voto y toma de decisiones en el órgano ejecutivo del Ayuntamiento.

La magistrada recuerda que las normativas que regulan a las corporaciones y a las entidades locales hacen responsables directos del sentido de su voto a los concejales. La jueza expone que "está meridianamente claro que los miembros de la junta de gobierno local deben estar debidamente ilustrados (obligación que compete a los mismos -apunta la instructora-) sobre el contenido de los distintos expedientes respecto de los cuales se va a votar o debatir". También recuerda en su auto la "importancia de las decisiones adoptadas", que "determinan claramente la dirección de la política local".

Por todo ello, la jueza argumenta en su escrito que, a diferencia de lo que declaró Torres Hurtado en el Juzgado, los miembros de esa junta de gobierno "no pueden limitarse a votar", si no que tienen la obligación de estar informados de lo que hacen y, es más, "cerciorarse de que las decisiones que vayan a adoptar se ajustan a la legalidad".

Como jurisprudencia al respecto, la jueza Jiménez Muñoz, destaca la sentencia de 2011 de la Audiencia Provincial de Granada en el caso Nevada, que justifica "de forma contundente" la acusación de los concejales de Armilla que votaron a favor de la licencia de obras del centro comercial. Éste sería un claro antecedente en Granada del alcance y la responsabilidad que pueden tener las votaciones de cada concejal en cualquier ayuntamiento, esté o no el asunto tratado dentro de sus competencias directas.

La jueza ha ordenado trasladar a la Policía Local una orden para que aporte los datos de los nuevos investigados y les haga llegar las citaciones. Al margen de Torres Hurtado y Nieto, que ya estaban en la lista de investigados de este caso, se incluye ahora a otro ocho ediles, de los que seis siguen formando parte de la actual corporación municipal (aunque ahora en la oposición). Son Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y María Francés.

Completan la lista de nuevos ediles imputados Vicente Aguilera, que ahora es teniente de alcalde de Ogíjares, y Juan Antonio Mérida, profesor universitario que fue mano derecha del alcalde y que ahora está retirado de la política activa.

La jueza ha incluido también en la lista de citados a los dos altos funcionarios que asistieron a aquella junta de gobierno, la secretaria y el interventor municipal (este último se mantiene en el cargo), que debían velar por la legalidad de lo que allí se hacía. Ambos están también investigados en el caso Nazarí como supuestos partícipes de esa "trama" de corrupción.

Del gobierno con mayoría absoluta que en 2012 tenía el PP en el Ayuntamiento de Granada han resultado imputados por posibles delitos relacionados con la discoteca del Serrallo diez concejales. Se quedan fuera algunos tan relevantes como el actual presidente del Partido Popular, Sebastián Pérez, o la actual portavoz del grupo municipal del PP en la oposición, Rocío Díaz. Ella sería la candidata a acceder a la Alcaldía si fructificase la moción de censura con la que los 'populares' y Ciudadanos han amagado en las últimas semanas. Su exclusión de la lista de investigados no merma sus opciones, pero sí el hecho de que la mayoría de sus actuales compañeros de grupo estén imputados. Si se formara un nuevo gobierno del PP, ellos serían los candidatos a hacerse cargo de las delegaciones de cada área y a formar una nueva junta de gobierno, salvo que hubiera una dimisión en bloque y les sucedieran otras personas de la lista electoral que el PP presentó a los comicios de 2015.

No es extraño, por tanto, que la imputación de los miembros de la anterior junta de gobierno del PP haya provocado otra tormenta política, pues se trata de personas que han tenido y siguen manteniendo relevancia en la vida pública. Entre ellos están los que fueron delegados de áreas tan importantes como Economía, Movilidad (Tráfico y Policía Local) o Cultura, además de Urbanismo.

Actualmente algunas de estas personas tienen también un peso muy importante en el PP. Juan García Montero ha encabezado la candidatura para disputar a Sebastián Pérez la presidencia del partido provincial, aunque la votación de los afiliados, previa al congreso provincial que se celebró el pasado lunes, dejó sin opciones al aspirante y garantizó a Pérez la continuidad en el cargo hasta 2021, gracias a la abultada mayoría de votos obtenida.

La campaña previa a esta votación ha sido muy dura y ha llegado a dividir al partido de tal modo que se han producido denuncias de amenazas y hasta de agresiones. Había dos bandos principales claramente diferenciados en los que se han ido alineando los principales cargos del PP durante los últimos meses. La imputación de la jueza del caso Serrallo afecta de lleno al que encabezaba uno de esos bandos, García Montero, y a algunos de sus apoyos, como Telesfora Ruiz. Pero también están en la lista personas afines al presidente provincial del PP, como Juan Antonio Fuentes, María Francés, Vicente Aguilera o Francisco Ledesma.

Desde que en marzo la magistrada apuntó la posibilidad de imputar a los miembros de la junta de gobierno en función de la declaración de Torres Hurtado, esta idea ha estado en el aire también durante la campaña interna del PP. No obstante, la decisión judicial no ha influido en el resultado del proceso, pues el auto fue firmado el martes, justo al día siguiente de la elección que garantizó a Pérez su continuidad en el cargo y ponía fin a la contienda.