El empresario y dos de los técnicos municipales que están siendo investigados en el caso Serrallo por supuesto trato de favor declararon ayer ante la jueza que en aquella operación urbanística no hubo perjuicio económico para las arcas del Ayuntamiento y que, incluso, la empresa promotora llegó a poner casi 800.000 euros de más, respecto a lo presupuestado al inicio.

Ayer declararon en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital tres de los 17 investigados en esta causa judicial sobre la construcción de una discoteca en los terrenos destinados a espacios libres junto al Centro Comercial Serrallo. El primero fue el empresario promotor, Roberto García Arrabal, que fue seguido de dos de los principales cargos responsables de Urbanismo en aquella época, Manuel Lorente e Ignacio Belda. Los tres estaban citados para declarar por los nuevos hechos que ha puesto de relieve el último informe pericial de la Junta de Andalucía, donde se analizaron los pagos y contraprestaciones que abonó el empresario al Ayuntamiento de Granada.

Alegan que la ausencia de una liquidación era la práctica habitual en Granada

A la vista de la prueba pericial, que revelaba pagos no justificados y otras supuestas irregularidades, la jueza citó (entre ayer y mañana) a seis de los investigados para que respondan por nuevos posibles delitos, como fraude o malversación de caudales públicos.

El abogado defensor de los técnicos citados ayer, Ernesto Osuna, aportó al Juzgado nuevos documentos que, a su juicio, justificarían esos pagos realizados en especie, dado que se hicieron mediante la ejecución de obras para la ciudad.

"Con todo lo expuesto ha quedado acreditado que no hubo perjuicio económico para el Ayuntamiento", declaró el letrado a este periódico, al final de las declaraciones. Los investigados habrían insistido en que el empresario García Arrabal no recibió ningún trato de favor, si no que "pagó de más", hasta la cifra de casi 800.000 euros, sobre la cantidad inicialmente prevista en el convenio que se firmó.

Los tres investigados contestaron a las preguntas de la jueza María Ángeles Jiménez, de la Fiscalía y de sus abogados defensores. Se negaron a responder a las cuestiones planteadas por las acusaciones particulares y populares.

Según manifestó el empresario a Europa Press, su declaración se ha fundamentado en que los pagos estaban satisfechos, aunque en los informes no consten como justificados. También agregó que parte de la documentación que podría ser pertinente fue requisada por la Policía en los registros de la Operación Nazarí, el otro gran asunto de supuesta corrupción urbanística en el que está implicado el mismo García Arrabal.

La ausencia de un documento de liquidación de la junta de compensación que construyó el Serrallo es uno de los principales reproches a los investigados en este caso, porque es el cauce habitual para determinar si se han cumplido los pagos y compensaciones. Sin que estuviera aprobado este documento, el Ayuntamiento levantó las cargas del terreno. Los técnicos explicaron que en Granada "tradicionalmente" no se hacían esas liquidaciones y se usaba un "sistema alternativo" de comprobación del cumplimiento de las cargas.

Los dos funcionarios interrogados fueron los que firmaron informes que avalaban el pago de las contraprestaciones. Mañana están citados la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, otra funcionaria y el interventor municipal.