La Universidad de Granada (UGR) asume el cierre de sus aulas con resignación, pero sin convencimiento. La rectora Pilar Aranda apela al carácter de servicio público de la institución y a sus vínculos con la ciudad para acatar el sacrificio que supone la orden de la Junta de Andalucía de suspender la docencia presencial durante diez días: "Si con estas medidas Granada no se confina, las aplicamos". Pero deja entrever a las claras el escepticismo sobre la utilidad del cerrojazo sin aplicar otras restricciones. 

Una vez que la UGR ha iniciado el periodo de diez días de docencia online con "normalidad", la cuestión siguiente es si esa medida que sus dirigentes subrayan como "excepcional" podría prorrogarse en el tiempo. Preguntada al respecto, la rectora dijo: "Confío en la excepcionalidad de la medida. Mejor dicho... Me encantaría confiar en la excepcionalidad de la medida". Es decir, que las esperanzas están puestas en los efectos positivos de un cierre que sus propios expertos no consideran "adecuadas o suficientes". 

"El confinamiento de Granada sería una tristísima noticia y la Universidad de Granada va a poner todo de su parte para que no sea así", fue el deseo de la rectora al final de una comparecencia ante los medios que Aranda hizo a distancia, a la misma vez que los alumnos de la UGR comenzaban a recibir también sus clases a través de las pantallas de ordenador. 

Aranda, que a pesar de la "lealtad institucional" con la que aseguró que se quiere conducir estos días, reivindicó el derecho de su institución a hacer uso del principio de autonomía universitaria recogido en la Constitución, sí lanzó una advertencia a las autoridades sanitarias y a la Junta de Andalucía sobre los insondables efectos de estas medidas adoptadas en la UGR: "Las pruebas ensayo-error son un problema porque estamos hablando de vidas". 

Este apunte de la rectora, en referencia a la idea de la Junta de "probar" a reducir la movilidad en Granada con la suspensión de clases universitarias, vino en relación a una pregunta sobre una posible prórroga del cierre si los datos no mejoran dentro de diez días. Según explicó, lo hablado personalmente con el vicepresidente autonómico, Elías Bendodo, es que se "irán viendo" los índices y datos de la pandemia para tomar futuras decisiones.

"Espero que la decisión se tome de forma conjunta y que en estos días se haya reflexionado sobre los que significa la autonomía universitaria", agregaba la rectora, tras sus críticas por la falta de diálogo a la hora de imponer el cierre universitario en la ciudad. En ese sentido, lamentó que en Andalucía no se haya actuado como en otras Comunidades, donde las decisiones se tomaron en comunicación con los rectores. Puso los ejemplos de Valencia y Cataluña. 

En cuanto a las acusaciones recibidas sobre su posible implicación política a la hora de formular sus quejas públicamente estos días, la rectora indicó que no oculta sus lazos familiares y sus propio pasado político afín al PSOE, pero que detrás haya carreras profesionales y que ella actúa ahora como rectora de una institución que está al servicio público. 

Tampoco cree Aranda que esta situación en la que se encuentra la Universidad de Granada suponga daño o desprestigio alguno para la institución centenaria, dado que la docencia se sigue impartiendo y porque sus palabras de enfrentamiento a las autoridades que ordenaron el cierre se han hecho dentro de esa defensa de la autonomía universitaria, lo que a su juicio fortalece más a la entidad. 

El efecto inmediato que las medidas van a tener sobre la movilidad de los alumnos y, en concreto, si estos se marcharán de forma temporal a sus ciudades de origen es algo sobre lo que la rectora ha dejado ver su preocupación, por la posible propagación del virus a otras provincias. Éstas fueron sus palabras: "Espero que se hayan ido pocos porque si lo hacen no lo quiero ni ver".