Además de pagar 548.000 euros de dinero público por los servicios extra que el anterior gobierno del PP encargó a la productora CBM (responsable de la tele municipal TG7 hasta noviembre de 2015), el portavoz del actual equipo de gobierno, Baldomero Oliver, cree que hay que empezar a pedir responsabilidades a quienes autorizaron estos gastos sin que hubiera dinero para pagarlos.

Sostiene Oliver que la decisión, además de ser nula de pleno derecho (puesto que carecían de crédito y soporte jurídico),vulnera la ley de transparencia y buen gobierno y, por tanto, la próxima comisión de control de TG7 deberá abordar la apertura de un expediente disciplinario al que fuera concejal responsable de la televisión municipal, Juan Antonio Fuentes. La última sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Granada que obliga al Ayuntamiento al pago de estos 548.000 euros ha dado más argumentos para poner en marcha este expediente disciplinario. Y es que en la sentencia la jueza reconoce el caracter público del contrato firmado entre el Ayuntamiento y la productora, lo que significa que dicho contrato está sometido al derecho administrativo y goza de todas las características de la contratación pública. Hasta ahora, el que fuera responsable de la tele municipal hasta septiembre de 2015 siempre había apelado a la naturaleza privada del contrato, lo que impidió que la junta de gobierno local le abriera expediente disciplinario en base a la ley de transparencia. Pero la nueva sentencia y el reconocimiento de la jueza del caracter público del contrato cambia las cosas. "Habrá que esperar a que la sentencia sea firme pero esto plantea dudas sobre los informes que en su día avalaron la no continuación de ese expediente disciplinario a Fuentes que podría terminar con su inhabilitación para el desempeño de cargo público hasta un máximo de cinco años", apuntó el portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver.

Será en la próxima comisión de control de TG7 cuando se plantee la apertura de este expediente disciplinario al resto de los grupos políticos. De momento los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian si es posible recurrir esta sentencia para evitar el pago de esos 548.000 euros.