La pasada semana la Gerencia de Urbanismo anunció su intención de reconstruir otros 500 pisos de Santa Adela, situados en las calles Cataluña y Jarama, que en principio sólo iban a ser reformados. Los planes del Ayuntamiento han cambiado y ha decidido derribarlos para volver a construirlos nuevos, como ya ha hecho en las otras fases del área de reforma. Pero los vecinos afectados no conocían estos planes, según denunciaron ayer tanto la comunidad de residentes como los representantes de la comisión de seguimiento de la segunda fase del Plan de Santa Adela.

Los primeros lamentaron haberse enterado por los medios de comunicación de una actuación de tal calado, a pesar de haber solicitado en repetidas ocasiones información a la Oficina Técnica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Emuvyssa, encargada de ejecutar estas obras. Según ellos, desde julio pasado han intentado sin éxito obtener datos, pero no han recibido hasta la fecha "respuesta formal alguna".

Por ello exigieron a los responsables de Emuvyssa que convoquen a los vecinos para explicarles personalmente lo que va a ocurrir con sus pisos y que se reconozca a la comisión de seguimiento creada hace meses para evaluar la marcha del proceso de rehabilitación.

En los mismos términos se expresó una representante de esa comisión, que lamentó "la nula participación" de los vecinos en las distintas etapas de construcción, como preveía el plan y "la absoluta falta de información" sobre los temas que les afectan directamente.

Por ello reclamaron que se active la citada comisión, con representantes municipales y de los propios vecinos y que se lleve a cabo un proceso "transparente" de información a los vecinos, articulando todos los medios que sean necesarios para que la participación sea "real y efectiva".

La representante de la comisión reprochó al Ayuntamiento que haya desoído sus peticiones y que se haya limitado a informarles a través de la prensa con expresiones como "les ha tocado la lotería" o "han tenido suerte", como si ellos fueran "ciudadanos de prestado y no legítimos propietarios de unas viviendas, con quienes el Ayuntamiento ha tenido que negociar y pactar para llevar a cabo este plan que a todos nos beneficia".