Las condenas de prisión dictadas ayer contra 331 militares turcos acusados de golpismo marcan un nuevo punto caliente en el pulso que mantiene el Gobierno islamista moderado del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, con las Fuerzas Armadas y su fuerte influencia, hasta ahora, en la política del país.

Tres generales, antiguos comandantes del Ejército de Tierra, la Marina y las Fuerzas Aéreas, fueron condenados a cadena perpetua, aunque en la práctica reducida a 20 años, mientras que otros 327 militares recibieron penas de entre 13 y 17 años y uno fue condenado a 6 años de prisión. Sólo 34 de los militares acusados fueron absueltos.

Pese a que la sentencia no es aún firme, estas condenas son el punto culminante del caso Balyoz (Maza), que comenzó en 2010 con la detención de altos mandos militares acusados de golpismo, un cargo por el que durante los últimos 20 meses han sido juzgados 365 uniformados de alto rango, en un clima polémico.

Según el fallo judicial, los generales diseñaron en 2003 un plan para derrocar el Gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP),islamista moderado.

La táctica era la de crear un caos social mediante acciones violentas como asesinatos de intelectuales, el derribo de un caza turco y atentados de gran escala, entre ellos dos con bombas en las mezquitas de Fatih y Beyazit en Estambul.

Todos los acusados se han declarado inocentes y han asegurado que esos planes sólo trataban de recrear un escenario hipotético para maniobras militares. Aunque hay varios juicios e investigaciones sobre tramas golpistas, la operación Maza es la primera en la que se ha dictado sentencia y el mayor proceso civil hasta la fecha contra militares turcos.

El Ejército turco siempre ha ejercido una gran influencia sobre el poder civil y ha derribado cuatro gobiernos democráticamente elegidos en golpes de Estado en 1960, 1971, 1980 y 1997.

Durante el juicio, los abogados defensores se han quejado de supuestos impedimentos para atender a sus clientes e incluso dejaron hace cinco meses de participar en las vistas, como forma de protesta.

"La historia es testigo de muchos juicios en nuestro país y en el mundo, donde a muchas personas y grupos se les persigue con pretextos y alegaciones falsas, acordes con las metas políticas de sus gobiernos. Que la decisión que ustedes tomen les aproveche", dijo el jueves el general Cetin Dogan, uno de los condenados a cadena perpetua, en su alocución final ante el tribunal.

Pero también entre la opinión pública el caso provoca una creciente polémica y opiniones encontradas.

Al principio del juicio, la Fiscalía recibió un enorme apoyo popular y numerosos columnistas compararon el caso con los procesos de democratización de Grecia, Argentina, España e Italia.

"Todos estos países afrontaron su pasado e hicieron reformas para introducir en sus instituciones y su mentalidad la cultura de la democracia y la ley. En Turquía está llegando tarde", escribió entonces el periodista Hasan Cemal en el diario Milliyet.

Pero durante el prolongado proceso, con docenas de militares esperando meses en prisión preventiva, comenzaron a escucharse voces escépticas sobre los verdaderos objetivos del juicio.

Según la oposición, lo que parecía un intento de afianzar el poder civil y democrático tomó un cariz de persecución contra quienes se oponen al islamismo moderado del AKP, en un país en el que el Ejército ha sido desde hace décadas el garante de los principios laicos del Estado.

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se negó anoche a evaluar la sentencia pronunciada hasta que sea firme. "Deseamos que se haga justicia, pero aún no se ha puesto el punto final, ya que la sentencia debe ser aprobada aún por el Tribunal Supremo", indicó Erdogan a la cadena NTV.