El martes celebraré el día de la Constitución. Si damos un repaso a nuestra historia concluiremos que merece celebrarse cada cumpleaños de un sistema político que, por primera vez, ha garantizado de forma estable la democracia y los derechos de la ciudadanía. Ya van treinta y ocho cumpleaños; tantos como años de dictadura franquista.

Entiendo que no quieran celebrar la Constitución los independentistas pues reconoce la unidad y la autonomía de nacionalidades y regiones, no su soberanía. Sin embargo, entiendo menos la actitud de Iglesias y compañía. No quieren celebrar la Constitución porque aspiran a una Constitución nueva a través de un proceso constituyente. Estamos ante un debate superado hace más de doscientos años. Jefferson defendía frente a Madison que cada generación debía aprobar una nueva Constitución; sin embargo, pronto se impuso la tesis, más razonable, según la cual la Constitución debía perdurar en el tiempo, adaptándose a los cambios sociales a través de las reformas. Es verdad que el debate sobre el proceso constituyente ha adquirido actualidad en el constitucionalismo latinoamericano pero los resultados de esas experiencias han sido tan desastrosos que más vale mirar para otro lado.

Por tanto, celebro la Constitución y celebro que esta semana se haya hablado en el Congreso sobre su reforma. La necesidad jurídica de la reforma constitucional existe desde hace muchos años. Faltaba la oportunidad política. Quizás se abra en esta legislatura sin mayoría absoluta. La mayoría gubernamental sigue reticente pero, por un lado, su posición es minoritaria y, por otro, su argumentación es débil. Se sustenta en que no existe el suficiente consenso. Ante ello, es fácil recordarle que el consenso no es el punto de partida sino el punto de llegada. Cuando se inició la elaboración de la Constitución de 1978 unos defendían la Monarquía y otros la República; unos el reforzamiento del Gobierno y otros del Parlamento; unos el Estado unitario y otros el Estado federal. Desde posiciones tan distantes se lograron razonables puntos de acuerdo. El procedimiento es claro: creación de una subcomisión en el Congreso para debatir las distintas propuestas de reforma e ir acercando posiciones. No se trata de hacer a la vez todas las reformas necesarias. En ese caso, seguramente se nos atragantarían, como puede ocurrir en Italia. Hay que estudiarlo todo e ir aprobando paulatinamente aquellos cambios sobre los cuales se logre el necesario consenso. Consenso que no debe ser el de 1978 sino el que establece la Constitución para la reforma de cada uno de sus artículos.