El lehendakari Urkullu ha propuesto un debate sobre la organización territorial del Estado que incluiría explorar las posibilidades de un acuerdo que, dentro de los límites de la Constitución, pueda reforzar el modelo descentralizado de nuestro país ampliando los espacios de autogobierno y dando satisfacción a las reivindicaciones de las comunidades de raíz foral o incluso el autogobierno de las nacionalidades históricas.

Es un puto de partida que pretende analizar el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución y puede abrir un espacio al encuentro sosegado de las diferentes fuerzas políticas que pienso debería ser considerado como un punto de partida desde los dos partidos mayoritarios en España: PP y PSOE.

Desde mi punto de vista, el PSOE tiene una propuesta para avanzar en el modelo federal del Estado que se concreta en la Declaración de Granada de 2012, elaborada bajo el mandato del entonces Secretario General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba que, posteriormente, fue complementada en 2017 por Pedro Sánchez mediante el Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC y que se dio en llamar Declaración de Barcelona por el catalanismo y la España federal. Esta propuesta es otro punto de partida.

El asunto es que se desconoce si el PP tiene una propuesta sobre la que debatir con la finalidad de recomponer un pacto constitucional que en 1978 abrió una etapa de enorme progreso social, económico y político en España pero que, en la actualidad, requiere una revisión. Y creo que el hecho de que una fuerza nacionalista como el PNV haga una propuesta de revisión sin reclamar de entrada un cambio constitucional, tiene un valor político que el PP no debería infravalorar.

El diálogo que pretende el acuerdo es una herramienta democrática que no debe ser despreciada. Estamos muy necesitados de diálogo y de grandes acuerdos dados los desafíos que tenemos por delante en la actual coyuntura histórica. Y el diálogo y el debate territorial es una necesidad imperiosa siendo un camino que debería explorarse buscando no discriminar a ningún territorio y (por supuesto) sin discriminar a Andalucía.

Y aunque soy poco optimista ante las posiciones que en este asunto viene manteniendo el PP, me uno, por si sirve de algo, a las voces que reclaman al partido mayoritario de la derecha española una visión estratégica e innovadora sobre la futura organización territorial del Estado.