Hace dos años, la llegada de la primavera en Granada era sinónimo de botellón. El cronograma de la movilización juvenil se repetía como un reloj y el único interrogante era si se superaría el récord de participantes de la edición anterior y el número de kilos de basura de la jornada de resaca. Media ciudad paralizada, la circunvalación sumergida en un insufrible colapso y toda España mirando atónita el gran desmadre festivo -autorizado y consentido- al que se sumaban miles de universitarios, adolescentes y menores.

Unas elecciones lo cambiaron todo. El equipo de Torres Hurtado perdió en 2015 la mayoría absoluta y su acuerdo con Ciudadanos para mantener el bastón de mando obligó a la corporación a acabar con el botellódromo. Era una de las líneas rojas de la investidura. Con la operación Nazarí del año pasado, la inesperada pérdida de la Alcaldía por parte del PP y la entrada de los socialistas en el Ayuntamiento, el proceso de desmantelamiento se ha acelerado y, aunque el problema sigue latente con microbotellones esporádicos por la ciudad y un deficitario -por no decir inexistente- programa de ocio alternativo para los jóvenes, basta mirar al macrobotellón que se acaba de celebrar en Toledo para comprobar que la política sí importa. Que la toma de decisiones en el ejercicio del poder tienen consecuencias y que una gestión errática o acertada puede incendiar un problema o sofocarlo.

Lo hemos visto con el encierro de universitarios en la Facultad de Ciencias y el rebrote de la protesta en Letras. Después de pasar una semana okupando la biblioteca, bloqueando el servicio para más de 2.200 compañeros y profesores, los estudiantes han accedido a orientar sus reivindicaciones por los cauces legalmente establecidos. ¿Los motivos de su "lucha"? Que el B1 sea totalmente gratuito, la "elección democrática del calendario", la implantación de "baños multigénero" o la revisión del protocolo contra el acoso sexual al entender que no se ha dado solución a los "casos existentes"... Reivindicaciones legítimas, unas más que otras, en algunos casos compromisos ya recogidos incluso en el programa de gestión que está desarrollando Pilar Aranda, pero completamente desproporcionadas y alejadas de una medida tan drástica como un encierro. ¿A quiénes representaban? Ni lo supieron concretar ellos ni lo hemos podido averiguar nosotros.

Y es que (también) las movilizaciones se pueden frivolizar. Por la falta de correlación entre los objetivos y la hoja de ruta de las protestas y por la coherencia misma con que se asume un derecho fundamental de la ciudadanía que está protegido al máximo nivel en nuestra Constitución: ¿Nos encerramos y desencerramos para salir a comer o descansar? ¿Nos ausentamos para asistir a clase para que el profesor de turno no nos penalice en la nota final?

Poco contribuimos a la memoria de quienes han tumbado injusticias a lo largo de la historia, a quienes han logrado irreversibles conquistas sociales, descafeinando ese valioso instrumento democrático que, en sus múltiples estadios de presión, supone la movilización social. Tampoco transformándolo en rutina.

En los años duros de la crisis económica, con los datos alarmantes del paro y la destrucción de empresas, con la implacable política de las instituciones con los recortes y la inhumana espiral de bancos y jueces con los desahucios, muchos nos preguntábamos cómo era posible que no estuviéramos en las calles quemando contenedores. Qué nivel de madurez social había alcanzado la sociedad española, y qué responsabilidad, para no sucumbir a esas imágenes violentas de indignación y de protesta incendiaria que se repetían en otros países como Grecia.

Aunque la fuerza ciudadana es espontánea e incontrolable -ahí está la marea blanca por la sanidad que ha roto en Granada décadas de letargo-, es en la gestión de los despachos, en el gris de la burocracia y en los tiras y aflojas de la negociación donde se juegan los éxitos y los fracasos. Se ha puesto en evidencia con el botellón comprobando que "sí era posible" clausurar el recinto de Hipercor, lo acabamos de ver con la mano izquierda y la extrema paciencia con que el actual equipo rectoral ha hecho frente al sorpresivo encierro de universitarios en Ciencias -y con el pequeño grupo que se atrincheró en Filosofía y Letras- y está por construir en buena parte de las grandes batallas que Granada tiene abiertas. Me refiero al fin del aislamiento ferroviario y al proyecto de soterramiento low-cost del AVE que Fomento ha puesto esta semana sobre la mesa -en diez días se espera contar con un proyecto técnico y económico "realista" y "viable"- y pienso en la firmeza con que hay que defender que el Metro se ponga en marcha potenciando el transporte público y facilitando un verdadero sistema intermodal que no castigue a los usuarios de la Rober en la capital.

Como en todas las guerras, hay que saber medir las fuerzas y canalizar los efectivos pero también asumir que no todas las batallas se pueden ganar. Es más; hay contiendas en las que una retirada a tiempo es la mejor estrategia y otras en las que el error de cálculo de emprenderlas es el punto de partida. La carrera por la Agencia del Medicamento, por ejemplo, no ha sido más que un fracaso anunciado. Ya el Gobierno se posicionó a favor de Barcelona como alternativa a la opción londinense -la finalmente elegida por Europa cuando se puso en marcha la institución- y lo que ha hecho ahora Madrid no es sólo actuar con coherencia con los criterios iniciales; también contribuye al intento de acercamiento con Cataluña en un momento especialmente crítico de desafío independentista y evita además el desgaste de mediar en el enfrentamiento directo entre Granada y Málaga por coger el relevo de la sede tras el Brexit. Completamente diferente es el acelerador de partículas, el único proyecto con recorrido y con verdadero potencial que hay de momento en el horizonte de Granada para convertirse en un puntal de desarrollo para la provincia. Una batalla que sí deberíamos ser capaces de afrontar y de ganar. En los despachos. Sin protagonismos ni intereses partidistas. Sin necesidad de tomar las calles.

En los últimos meses hemos visto en Granada cómo el éxito de las mareas -de la blanca sanitaria a la amarilla por las infraestructuras o la morada de la igualdad- ha logrado un respaldo social abrumador y, consecuentemente, una respuesta inequívoca de las instituciones por cambiar el paso y encauzar el malestar. ¿Ahora toca a los encierros como arma de reivindicación? Bien, pero no nos equivoquemos. Tanta legitimidad hay en quien reclama como en quien no acepta el chantaje ni se arrodilla ante causas frívolas, desmedidas o injustas. No todo vale. Tampoco en la movilización. Menos aún en batallas que a nadie representan. Decidamos bien por qué merece la pena luchar.