UNA vez que Zapatero ha designado su Gobierno, Granada ya sabe que seguirá cuatro años más sin tener una cartera ministerial, circunstancia ésta que se ha producido ininterrumpidamente durante todos los gobiernos de la democracia. No es que uno tuviera muchas esperanzas de que alguien de la tierra fuera tocado por la varita ministerial pero la verdad es que, echando cuentas, parece que ya toca. Tener ministro o no tenerlo no guarda relación directa con el peso que una provincia pueda tener en Madrid, pero desde luego el hecho de que Granada esté ausente del Gobierno de España desde que el motrileño Julio Rodríguez ocupara la cartera de Educación en el Gobierno presidido por Carrero Blanco, o de que Fernando de los Ríos también lo fuera de la II República, sí que puede darnos una pista de lo poquísimo que pintamos en la capital del Reino.

Y es sorprendente porque una provincia con una Universidad como la nuestra y, por lo tanto, con el capital humano que se le supone, debería haber aportado mucho más a los gabinetes ministeriales de nuestro país. No lo ha sido y así nos luce el pelo. Nos queda el consuelo de que la cosa se arregle en Andalucía, donde se supone que el Gobierno que está a punto de nombrar Manuel Chaves sí que tendrá presencia granadina. Después de una legislatura en que Granada ha contado con dos consejeras, el personal está expectante por saber de qué forma don Manuel deshoja la margarita.

Aunque certezas hay pocas -Chaves no suele dar demasiadas pistas-, parece muy probable que Teresa Jiménez ocupe una de esas consejerías y puede que ahí se acabe la presencia granadina en la primera fila de gobierno. No es descartable, aunque sí poco probable, que María José López pudiera repetir en Justicia, o incluso que Clara Aguilera pudiera acceder a Agricultura.

El problema no es cuántas sino cuáles, porque consejerías como Justicia o Educación, que han sido las correspondientes a Granada en la pasada legislatura, con ser importantes, no son departamentos de los que nuestra provincia pueda obtener el rendimiento que necesita y que sólo podría ofrecerle una consejería de fuerte carácter inversor como Obras Públicas, o la de probable nueva creación, Vivienda -de Innovación ni hablamos-. O, en su defecto, un departamento que como el de Cultura refuerce el liderazgo cada vez más amenazado que Granada pretende detentar en esta materia. Todo lo que no pase por una de ellas, acompañado por un apreciable número de viceconsejeros y directores generales volvería a situarnos en un papel de segunda fila al que Granada lleva abonada demasiado tiempo, también en Andalucía.