LA visita del secretario de Estado del Vaticano, monseñor Tarcisio Bertone, ha servido para ratificar la cordialidad de las relaciones de dicho Estado y el Estado español y confirmar que se mantienen las importantes diferencias de carácter ideológico y doctrinal entre la jerarquía católica y el actual Gobierno de España. La ratificación de ambas previsiones habrá venido a frustrar a quienes aspiraban a que el Gobierno socialista se radicalice en sus actitudes favorecedoras del laicismo (el martes mismo, el grupo parlamentario socialista rechazó propuestas de plantear la eutanasia y facilitar la apostasía) y a quienes consideraban posible que los responsables vaticanos se distanciaran de las actitudes más integristas de la Conferencia Episcopal española bajo el mando del cardenal Rouco Varela. Entre sonrisas y muestras de cortesía, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, no dejó de defender ante Bertone la futura revisión de la ley de libertad religiosa, la ampliación de la del aborto mediante la implantación de una ley de plazos y la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya entrada en vigor en las aulas ha provocado una confrontación abierta con la Iglesia Católica y el Partido Popular. Por su parte, monseñor Bertone ha fijado una vez más la posición oficial de la Iglesia contra cualquier forma de aborto y a favor del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que se imparte a sus hijos, además de recordar que el matrimonio homosexual no es aceptable para los católicos, que defienden la consideración de la familia como fruto de la unión indisoluble de un hombre y una mujer. Pensamos que la Iglesia tiene perfecto derecho a propagar sus ideales y apoyar las opciones políticas que estime más acordes con ellos, y que el Estado lo tiene a legislar y actuar conforme a los compromisos adquiridos con el electorado de una sociedad madura y plural. El Gobierno representa legítimamente a la sociedad y se cobija al amparo de un Estado constitucionalmente aconfesional y, al mismo tiempo, ha de ser respetuoso con la religión que profesan la mayoría de los ciudadanos. Y cada uno, en su sitio, pero conviviendo.