Editorial

La Junta de Andalucía avisa

CONFORME se aproxima la nueva fecha anunciada por el presidente del Gobierno para la aprobación definitiva del nuevo sistema de financiación autonómica (mediados de julio) aparecen síntomas de inquietud en algunas comunidades autónomas acerca de la equidad y solidaridad constitucionalmente obligadas para que sea aceptado por todas. Los avances constatados en la negociación bilateral entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña incitan a la desconfianza de otros gobernantes autonómicos, conscientes de que pueden haberse producido concesiones a dicha comunidad, donde los socialistas tienen uno de sus tradicionales graneros electorales. El otro gran caladero de votos del PSOE es precisamente Andalucía, cuyo presidente, José Antonio Griñán, prestó ayer voz a esta inquietud colectiva. En una entrevista concedida a Televisión Española, Griñán advirtió que la modificación que se espera del nuevo sistema debe ir en la dirección de corregir las desigualdades entre unas comunidades y otras y que, por tanto, si se modifica en sentido opuesto, consagrando nuevas desigualdades, la Comunidad Autónoma de Andalucía no estará en el acuerdo, sino que se desligará del mismo. Ya ocurrió cuando se implantó el sistema anterior, en tiempos del Gobierno Aznar, y Andalucía quedó fuera voluntariamente al no ver reconocido su crecimiento demográfico, por haberse aplicado un censo anterior a la etapa en que se aplicó dicho sistema. La novedad, políticamente significativa, es que en esta ocasión el rechazo de la Junta andaluza sería, en caso de producirse, contra el criterio de un Gobierno de mayoría socialista, es decir, del mismo signo que el Gobierno regional andaluz. Según explicó ayer Griñán, el criterio básico para el sistema de financiación autonómica ha de ser la población, aunque corregido por otros factores, por ser el que mejor atiende al principio de igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan. Esta posición, que cuenta con el respaldo de todas las fuerzas políticas andaluzas, debe ser apoyada y defendida hasta el final. Es lo que interesa a Andalucía y a España.

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