ESTE lunes se paralizó in extremis el desahucio de una familia granadina. En este caso los impagos estaban relacionados con la quiebra de un negocio familiar, herido de muerte por la crisis, que se llevó por delante las esperanzas y el trabajo de muchas familias españolas. La Caja Rural de Granada cedió ante las presiones de Stop Desahucios, cuyos grupos siguen día a día impidiendo que la gente se quede sin casa.

Nuestros -o más bien sus- gobiernos han rescatado a los bancos y a algunas grandes empresas, pero han dejado caer sin ningún pudor a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores y trabajadoras, y, en definitiva, a las familias. Curiosamente, han sido los gobiernos y los bancos los que les han quitado las casas a los españoles, y no los alcaldes y alcaldesas del cambio, que precisamente se han preocupado mucho por acabar con los desahucios en sus municipios. Esperemos que el nuevo alcalde de Granada active estas propuestas tan importantes para nuestra ciudad.

En Granada se estiman unas 20.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de bancos y cajas como la Rural. Es insoportable ver cómo sigue habiendo gente que no tiene dónde vivir y gente que sufre un desahucio.

Se trata de una cuestión ética y se trata de reducir la factura social y económica de la crisis. Una persona desahuciada necesita servicios sociales y ayudas de emergencia para poder acceder de nuevo a una vivienda, eso supone un alto coste social para esta persona y su entorno, y un alto coste económico para la propia administración.

Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, el grupo liderado por el doctor Antonio Daponte ha señalado que los desahucios suponen un riesgo importante para la salud de las personas afectadas. Otros estudios demuestran una caída en el rendimiento académico de los niños y niñas cuyas familias son víctimas de los desahucios. De nuevo hay un coste social inasumible y un coste económico que se podría reducir muy fácilmente.

Durante esta legislatura fallida, el congreso de los diputados y las diputadas inició el debate de la Ley 25 de Emergencia Social, y todo indicaba que podría haber sido aprobada, dados los apoyos que cosechó. En Cataluña, el año pasado se aprobó por unanimidad la 'Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética', propuesta por una Iniciativa Legislativa Popular iniciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sin embargo en Andalucía todavía no se ha aprobado esta ley. Quizás quienes mandan aquí aún no tienen claro que primero hay que rescatar a la gente.