SI los términos municipales tuvieran fronteras (con sus aduanas, sus barreras, sus guardias y sus establecimientos de cambio de moneda) hábitos tan comunes como acudir al trabajo, ir de compras o al cine serían un verdadero infierno, en particular en Granada, donde el conglomerado del Área Metropolitana forma una sucesión amorfa de casas, calles y carreteras que los vecinos atravesamos una decena de veces al día sin tener conciencia del municipio en el que estamos. A pesar de ese amontonamiento, que supone en la práctica una homologación de ciertos servicios básicos, la planificación de las funciones las establece cada ayuntamiento con plena independencia. En muchas ocasiones contraviniendo (o planteando una absurda competencia) los intereses del pueblo vecino.

No se inquiete el lector. No voy a echar el enésimo discurso sobre las ventajas de todo tipo (incluida la económica) que supondría la prestación común de determinados servicios en los más de treinta ayuntamientos que componen el Área Metropolitana. Pero es una batalla casi imposible. Organizar un servicio colectivo de autobuses ha costado lo que no hay en los escritos. Y todavía, por ejemplo, ir en taxi desde los comercios de Pulianas al centro de Granada es imposible. El usuario tendrá que caminar hasta un punto fronterizo imaginario a partir del cual operan los taxis de la capital y quedan deshabilitados los de Pulianas.

La ordenanza de la Convivencia que prepara el Ayuntamiento de Granada ha elevado esa contraposición de intereses a niveles absurdos y peregrinos. La ordenanza, entre otras cosas, pretende fijar un radio de 500 metros desde las zonas habitadas donde estará prohibido el ofrecimiento de los servicios sexuales. Es decir, las prostitutas se tendrán que establecer en la entrada o la salida de los pueblos limítrofes para evitar las multas de los policías de la capital con lo que, en la práctica, lo que la ordenanza hace es traspasar el problemas al término municipal de al lado que, al no tener una ordenanza municipal de las mismas características, no le cabrá más remedio que asumir como pueda el problema.

Claro que, si el ejemplo cunde, todos los pueblos podrían aprobar su propia ordenanza para alejar la prostitución con los cual el viejo negocio del sexo a jornal se tendría que establecer en las alturas, a quinientos o mil metros sobre la línea fronteriza de los municipios. A los alcaldes de varios de los pueblos afectados por la huida de las prostitutas de Granada no les falta razón en sus quejas. ¡Y eso que la ordenanza ha sido consensuada por todos los grupos políticos del ayuntamiento de Granada y con la mediación del Defensor del Ciudadano!