SE veía venir. Las negociaciones entre patronal y sindicatos para la reforma de los convenios colectivos quedaron rotas ayer ante la persistencia de diferencias irreconciliables entre las partes. Representantes del máximo nivel de CEOE, de un lado, y de CCOO y UGT, de otro, habían avanzado en los últimos meses en algunos de los puntos básicos del acuerdo previsto sobre la nueva normativa que regulará la negociación colectiva en España. No obstante, el día después de las elecciones, los portavoces del empresariado presentaron a sus interlocutores un documento que daba marcha atrás en algunos de los pactos ya alcanzados. Los posteriores encuentros entre las partes no han permitido acercar posiciones y el resultado final es el fracaso de la negociación. Es una mala noticia. La reforma de los convenios forma parte de la modificación global de las relaciones laborales que necesita la economía española para superar las rigideces heredadas de épocas anteriores, incluso del franquismo en algunos aspectos, que constituyen en buena medida un lastre para el crecimiento económico y la competitividad. El desacuerdo obligará al Gobierno, que se ha mantenido al margen y confiado en la predisposición de sindicatos y empresarios, a aprobar la reforma de los convenios por su cuenta, lo que está previsto para el próximo día 10. Es una gran responsabilidad la que asume. Aunque el Ejecutivo tendrá en cuenta los acuerdos a los que ya se había llegado, por ejemplo, en materia de absentismo y mutuas, habrá de ser cuidadoso en otros asuntos más delicados, partiendo de la base de que es necesaria la reforma y que deberá buscar un equilibrio entre la flexibilidad interna que demandan las empresas, y exige la situación económica, y los derechos de los trabajadores, que ya han sufrido diversos recortes en sus prestaciones y las consecuencias de la reforma anterior del despido. Una papeleta, porque existe la posibilidad real de que el Gobierno deje descontentos a unos y a otros. La ruptura endosa la decisión al Ejecutivo.