Escribir sobre el Ecuador actual es simplemente desgarrador. Son tantos los problemas y de diversa índole que atraviesa el pequeño país sudamericano, que resulta difícil e inabarcable dar cuenta de todos ellos en esta columna, así como encontrar una salida clara al estilo de la mejor receta. Sin embargo, un diagnóstico de lo que sucede actualmente puede ayudar a entender la dimensión de la calamitosa situación ecuatoriana.

En efecto, los problemas de inseguridad y crisis institucional no son de ahora, datan de por lo menos una década atrás en donde el narcotráfico y la corrupción han permeado hasta la médula la institucionalidad ecuatoriana. Hoy, lamentablemente, vivimos un capítulo más de esa anunciada desinstitucionalización agravada por la violencia.

A casi dos meses del ejercicio de funciones del nuevo Gobierno, el problema solo parece agudizarse, sin un respuesta clara, coherente y efectiva: amotinamientos carcelarios; asesinatos y secuestros; amenazas de bomba; procesos penales en curso que vinculan a líderes políticos; noticias sobre vínculos de la política con el narcotráfico; fugas carcelarias al más puro estilo de una película de acción, son noticias que a diario sacuden la frágil democracia ecuatoriana y van minando cada vez más la confianza ciudadana en su clase política dominante.

Con la promesa de superar lo que ha supuesto un Estado fallido en el país y los altos índices de violencia, el presidente actual ha ensayado un poco más de lo mismo, poniendo en marcha algunas herramientas constitucionales ya conocidas en el país, como la consulta popular y una nueva declaratoria de estado de excepción a efectos de que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en el tema de la seguridad interna.

Sobre la consulta popular, casi una veintena de preguntas divididas en dos bloques de consulta han sido sometidas al control de la Corte Constitucional. Temas que van desde la seguridad interna del Estado; el decomiso de armas; incremento de penas; procedimientos reforzados de protección para los miembros de la fuerza pública que son procesados en el ejercicio de su gestión; revocatorias de concesiones mineras; regulación de los contratos laborales de trabajo por horas; reformas constitucionales que se relacionan sobre competencias del presidente; evaluación a los servidores juridiciales; consultas sobre la extradición de ecuatorianos; la vigencia o no de la justicia constitucional especializada; hasta una pregunta que se mira como desencajada y paradójica en los tiempos actuales, relativa a los juegos de azar, los casinos y casas de apuesta, son parte de la respuesta política desatinada de un Ejecutivo de turno desbordado por la situación del país.

Ahora, ¿es la consulta popular el mecanismo adecuado para superar un problema de crisis institucional profunda en Ecuador? Sin duda, la respuesta es negativa. Recuérdese que, desde el denominado período de la vuelta a la democracia en el país (1978-1979), las consultas populares en más de una decena de veces han servido solamente como un mecanismo de aprobación popular a la gestión de un gobierno de turno sin que hayan desplegado todo el potencial participativo que supone, anulando una discusión robusta e informada que debería marcar estos mecanismos de democracia directa.

Y es que, en efecto, la consulta popular impulsada por el actual Gobierno, de raíz más bien populista sin respaldo claro a nivel parlamentario, tiene como efecto cumplir con un capricho, “oferta de campaña” y termómetro político de la gestión del presidente, más allá de que preguntas muy puntuales puedan parecer atractivas a fin de corregir ciertos defectos del diseño institucional vigente.

Por otro lado, una nueva declaratoria de estado de excepción amparado en la causal de conflicto armado interno declarando “la guerra” a los grupos y organizaciones criminales en el país, –cuando todos los gobiernos anteriores emplearon de manera recurrente la figura del estado de excepción sustentados en otras causales constitucionales y bajo constantes llamados de atención de la Corte sobre su implementación–, aparece como la última, la única respuesta desesperada de un Ejecutivo desorientado y acorralado, que aspira a mantener algo de control en un corto período de transición democrática mediante el uso necesario y legítimo de la fuerza; pero que, al mismo tiempo, le permite hacer algunos cálculos políticos para lo que podría representar una eventual reelección presidencial en lo inmediato. De por medio, una ciudadanía atemorizada, replegada, con derechos fundamentales cada vez más restringidos a la espera que el Estado y las fuerzas de seguridad aseguren algo de paz social.

En esas coordenadas no sorprende, pero sí que preocupa –y mucho–, el llamado de algunos sectores a la implementación del denominado modelo Bukele como el “prototipo ideal” de gestión y manejo de la política pública latinoamericana, que ya ha sido anunciado como un ejemplo a seguir en un país actualmente irreconocible como Ecuador, lo que traerá con toda seguridad un incremento de la violencia a niveles nunca antes vistos en el país.