El PP se presentará como acusación en la denuncia que Daniel Fernández, concejal socialista del Valle del Zalabí, ha interpuesto contra el alcalde, su compañero de partido Manuel Aranda, al que achaca "irregularidades e ilegalidades" que podrían ser constitutivas, según los populares, de delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación.

El diputado provincial José Antonio Robles y el portavoz del PP en el citado municipio, Pablo Porcel, explicaron que la denuncia, que les extraña todavía más por partir del teniente de alcalde de la localidad, guarda relación con unas obras incluidas en el Plan E y presupuestadas en 200.000 euros, que se habrían fraccionado en cuatro partes "vulnerando así la Ley de Contratos".

El diputado indicó que un informe de la Guardia Civil apunta a que existe "un entramado de empresas" de familiares del alcalde y que supuestamente se habrían beneficiado de esas ilegalidades. "Esas obras no tienen consignación presupuestaria ni proyectos", añadió.

Además, Robles instó al alcalde a que presente su declaración de bienes para comprobar si se ha enriquecido desde que gestiona un hotel rural, una actividad "difícilmente compatible".

La denuncia, admitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Guadix, es consecuencia de las manifestaciones de Daniel Fernández ante la Guardia Civil el pasado 2 de febrero, en la que denunció al alcalde después de ser destituido por éste "debido a ciertas discrepancias".

Menciona la obra de urbanización del camino viejo, a cargo del fondo estatal y sobre las que el alcalde le dijo que no podía ajustarse al presupuesto inicial y que había que pagarle "unos extras" al contratista, al cual llama "primo Paco".

El concejal también narró que se había opuesto al pago de una serie de facturas "pagadas con fondos procedentes de otros recursos", que se abonaron antes de hacer los trabajos, cuando lo normal es lo contrario, y relató que la citada obra del camino viejo, realizada por la empresa Conedavi, a la que involucra en varias supuestas irregularidades, no tenía "presupuesto, proyecto técnico, procedimiento de adjudicación, certificación de obra ni dirección facultativa", por lo que recomendó no pagar las facturas "ya que se refieren a trabajos ya contemplados y subvencionados por un fondo estatal y supuestamente se están pagando dos veces los mismos trabajos".