El Tribunal de Cuentas investiga la contabilidad de Cogollos Vega

  • La Fiscalía del órgano fiscalizador aprecia indicios de responsabilidad contable en el Ayuntamiento

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La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha acordado investigar la contabilidad del Ayuntamiento de Cogollos Vega, gobernado por el PP, y ponerlo en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del máximo órgano fiscalizador al apreciar indicios de responsabilidad contable, después de que la denominada asociación cívica del municipio solicitara "un detalle pormenorizado de todas las irregularidades económico-financieras, contables o administrativas detectadas por el área de Intervención del Consistorio".

Así lo indicó ayer la asociación cívica de Cogollos Vega que informó de que la interventora municipal, en el informe de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015, subrayó que existen deudas sin contabilizar cuyo montante exacto aún no se ha podido concretar pues "en muchos casos no existe constancia documental ni expediente administrativo tramitado para su reconocimiento", al igual que ingresos que "no constan en registro contables".

A su vez, sostuvo que "no se ha contabilizado el importe de la deuda real que mantiene el Ayuntamiento, existiendo deudas del ejercicio 2013, a pesar de los préstamos de pago a proveedores que se han solicitado". La funcionaria describió la compleja situación financiera de las arcas municipales y calificó su estado como de "técnicamente en bancarrota, no pudiendo hacer frente al pago de los sueldos y salarios de funcionarios y trabajadores", según indicó la asociación.

Aconsejó al pleno de la Corporación "la petición de una auditoría pública externa, o la petición de intervención al Ministerio de Hacienda y de Función Pública, para el esclarecimiento de todos los asuntos que han quedado relacionados, a parte de la depuración de responsabilidades personales que por tales cuestiones pudieran derivarse". En las conclusiones del informe apuntó al anterior interventor del Ayuntamiento y discrepó de la "disparidad de criterio en cuanto a los criterios económicos y contables adoptados por el anterior interventor", los cuales fueron seguidos por el alcalde, Manuel Lucena.

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