El informe de la Guardia Civil sobre los ERE fraudulentos conocido la semana pasada advierte de la existencia de "repetidas y significativas irregularidades y arbitrariedades" en las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, destinadas a "favorecer a determinadas personas relacionadas con cargos públicos". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en su informe entregado a la juez Mercedes Alaya que la Sierra Norte, con una población de 30.000 habitantes, fue beneficiaria de ayudas por 50 millones de euros, lo que supone más del 70% de las concedidas en toda Andalucía.

En este reparto, la Guardia Civil aporta que José Antonio Viera, consejero de Empleo de la Junta entre 2000 y 2004, "pudo haber jugado un papel esencial en su concesión, con el consiguiente menoscabo de fondos públicos", según el Instituto Armado, que anuncia que está preparando un estudio más profundo sobre este aspecto.

Viera es diputado en el Congreso, por lo que si la juez Alaya decide imputarlo debería remitir la causa al Tribunal Supremo y en ese caso el Alto tribunal investigaría todas las subvenciones de la Sierra Norte, dijeron a Efe fuentes del caso.

La investigación señala que se trata de un intento de "favorecer a determinadas zonas geográficas y empresas" relacionadas con "determinados cargos públicos responsables de la gestión, tramitación y control de las ayudas", según los investigadores. Entre otros, el informe señala los fondos percibidos por un entramado de empresas dirigidas por José Enrique Rosendo y José María Sayago, ex concejales del PSOE en El Pedroso que obtuvieron resoluciones de ayuda en torno a 29 millones de euros y recibieron efectivamente 16,8 millones. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el 9 de marzo pasado, "otorgó ilícitamente una parte importante de las ayudas" a esa zona. Entre otros beneficiarios procedentes de esa zona se encuentran las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, las de Rosendo y Sayago y numerosos perceptores de ayudas individuales que eran amigos o vecinos de Francisco Javier Guerrero, que también fue alcalde de El Pedroso. Rodríguez de la Borbolla, que ya ha sido imputado por la juez, declaró a la Guardia Civil que nadie se lucró con sus ayudas.