El Ayuntamiento ha ordenado un nuevo proceso de desalojo y clausura de las cuevas del Cerro de San Miguel, que se llevará a cabo en los próximos días. Aunque en cada caso se han ordenado medidas diferentes, el mal estado general de las viviendas del entorno ha motivado que la mayoría de los expedientes recojan la obligada la salida de sus habitantes.

Del medio centenar de cuevas que los técnicos de Urbanismo han venido catalogando e inspeccionando detenidamente durante este último año, casi la totalidad presentan riesgo de derrumbe y no son habitables, como se puso de manifiesto en los informes de la Inspección Técnica de Edidificios (ITE) que se hicieron entre el invierno y la primavera pasada.

De todas estas cuevas, el Ayuntamiento ha podido notificar las medidas ordenadas a 36 propietarios. Para las otras 20 se están llevando a cabo los trámites necesarios para localizar a los titulares.

Mediante un decreto, el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo y algunas otras medidas como la clausura, limpieza y retirada de residuos de 36 cuevas del entorno del Cerro de San Miguel.

Dependiendo de los casos y del estado en el que se encuentren, se han tomado medidas como exigir a los propietarios o moradores que aporten garantías sobre la seguridad del lugar.

Las fuertes e intensas lluvias de este invierno motivaron que la administración local se planteara realizar una nueva inspección de la zona, con el fin de valorar la situación en detalle. El resultado fue que la mayor parte de las cuevas no tenían las condiciones adecuadas para ser habitadas y que presentaban riesgo de derrumbe.

La mayor parte de estas cuevas han estado habitadas por okupas, pues el propietario mayoritario es el propio Ayuntamiento. En estos meses de verano apenas queda gente habitando las cuevas porque el calor los ha llevado a otras zonas. Es previsible que, como ocurre todos los años, en septiembre se reactive la ocupación.

Pero si las medidas ordenadas por el municipio se llegan a ejecutar como está previsto, es posible que los posibles moradores se encuentren las cuevas cerradas cuando lleguen en otoño.

El proceso de desalojo puede ser ahora más fácil para el Ayuntamiento que en 2007, cuando Urbanismo trató de hacer una campaña similar. En aquella ocasión la mayoría de las cuevas estaban llenas de ocupantes y había otro inconveniente burocrático. La propiedad de la mayor parte de esas viviendas era de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa). Aunque pública, es una empresa, y los jueces son más reticentes a dar órdenes de desalojo que cuando se trata de la propia administración.

En los últimos meses, el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de las cuevas de Emuvyssa mediante un procedimiento de permuta. En realidad el único objetivo de esta medida era facilitar todos los complejos y burocráticos procedimientos de desalojo.

Los técnicos de Urbanismo explicaron que esta zona no es buena para la excavación de cuevas por la propia composición del terreno y que estas cuevas no son ancestrales. Es decir, se han ido haciendo en las últimas décadas mediante técnicas que además no son tan seguras como las antiguas.

Las supuestas obras de consolidación que algunos habitantes han hecho, según los técnicos, a veces no han hecho más que empeorar la situación porque no se han ejecutado con garantías.