Ayer se anunció la subida de un 5% en el salario mínimo interprofesional (SMI) mediante una decisión del Gobierno que ha contado con el acuerdo de los sindicatos aunque, desgraciadamente, no tiene el apoyo de los empresarios.

Desde mi punto de vista es una buena noticia porque la decisión camina en la dirección correcta de tratar de situar el SMI en niveles del 60% del salario medio como recoge la Carga Social Europea. Habría sido ideal un acuerdo que incluyera a la patronal pero parece claro que, más allá de otras consideraciones, en ese ámbito no se está muy predispuesto a legitimar las acciones del Gobierno.

Pero fuera de consideraciones políticas, hacer posible un SMI con un nivel cada vez más digno es una obligación que afortunadamente tiene asumida el Gobierno desde 2018 y es algo que ayuda a impulsar el consumo pudiendo hacer frente con más recursos a las dificultades que plantea, para miles de familias, el enorme incremento que se ha sufrido en el coste de la cesta de la compra.

Es cierto que la subida del SMI y la del resto de salarios en el ámbito laboral supone un incremento de los costes empresariales y es por eso que hay que saber medir cuál es el nivel adecuado en el que deben situarse esos incrementos salariales. Pero es cierto también que hasta ahora, y en contra de los augurios que se hicieron hace ya tiempo sobre el impacto el negativo en el empleo y el crecimiento económico, estamos viendo que las sucesivas subidas aplicadas en el SMI desde 2018 no han perjudicado ni al empleo ni a la economía española.

En una situación como la actual en la que los niveles de empleo han llegado a cifras muy positivas, con récord en afiliados a la seguridad social, cuesta entender que esta decisión de actualizar el SMI no haya contado con el apoyo de la patronal. Y es que habría sido un magnífico mensaje para la sociedad mostrar un acuerdo unánime en esta decisión.

Es de esperar que se pueda conseguir que decisiones futuras que afectan a empresarios y trabajadores y que deben negociarse en el marco del diálogo social puedan contar con el consenso de todos. Mientras tanto, los empresarios tienen la difícil tarea de justificar por qué no han apoyado esta subida que, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, es de estricta justicia.