Los gravísimos acontecimientos que vivimos en España con la inconstitucional concesión a los independentistas catalanes de la amnistía y el referéndum de independencia a cambio de siete votos para investir a Sánchez, nos deben hacer reflexionar no sólo, como ya hice la semana pasada, sobre la quiebra del Estado de Derecho, la división de poderes y la independencia judicial, sino también sobre algunos otros aspectos jurídicos y sociológicos.

El ordenamiento jurídico, como tal, no es de izquierdas ni de derechas y las normas –en su día sí aprobadas por parlamentos con partidos con ideologías–, se pueden interpretar, pero no estirarlas como si de chicles infinitos se trataran para adaptarlas a los caprichos personalistas de los gobernantes de turno. Todo lo que no está prohibido no está permitido –la esclavitud, por ejemplo–, porque el ordenamiento jurídico hay que interpretarlo armónica y ponderadamente en su conjunto. Pero aquí eso da igual, la autocracia –forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona (o de dos…) es la suprema ley– manda, y el ordenamiento jurídico nada importa, siempre podrá interpretarse acomodándolo a sus gustos y/o aprobar leyes inconstitucionales.

Esto, que la mayoría percibe, pese a los intentos de que normalicemos hechos y circunstancias gravísimos para nuestra democracia, se complementa con la distorsión de la verdad parlamentaria, borrando arbitrariamente discursos en la sede de la soberanía popular –¿qué puede esperarse de un Congreso de débiles que aplauden a la búlgara?–; con una intencionada desinformación, con supuestos verificadores que únicamente verifican lo que el poder dicta, con imágenes sesgadas y/o manipuladas difundidas sin pudor, y con un cínico ejercicio de pedagogía ideológica para anestesiar a la sociedad.

La degradación del concepto de ciudadano está llegando a límites insospechados y desde el poder descaradamente nos tratan como adolescentes a los que hay que adoctrinar en lo que al gobierno conviene, entre risas, carcajadas y apelando al “interés general”.

Nuestra esperanza en estos complicados momentos es el Poder Judicial, su independencia, y sus herramientas jurídicas constitucionales y del TUE, para contrarrestar el retroceso y el deterioro democrático que ya padecemos, y que, de seguir en esta deriva, va a dinamitar los pilares fundamentales de nuestra democracia.

En Francia, Alemania o Inglaterra nadie se atrevería a llegar tan lejos, pactar con fugados y aceptar verificadores internacionales de un pacto inconstitucional que va a crear graves desigualdades reales y ante la Ley, y un conflicto territorial con preocupante desenlace. Los españoles no podemos tolerar la crisis territorial, institucional, jurídica y democrática de proporciones inusitadas que nos imponen. Dejen de tratarnos como adolescentes.