Sánchez ha obrado el milagro, ha conseguido poner de acuerdo a cinco alcaldes: Alhendín, Ogíjares, Churriana, Las Gabias –PP–, y Armilla –PSOE–, y a sus vecinos contra la construcción de un campamento de migrantes que el Gobierno pretende edificar en la Base Aérea de Armilla.

Dirigentes y vecinos se han desmarcado de cualquier cuestión ideológica o xenófoba, porque la cuestión no es esa, los españoles somos solidarios, integradores y dispuestos a prestar ayuda humanitaria, la cuestión pasa porque el Gobierno se quiere saltar a la torera la legislación urbanística –se ve que para ellos no rigen las leyes que los demás estamos obligados a cumplir si no queremos que se nos caiga el pelo–, y construir un auténtico búnker, con muros de cinco metros, sin condiciones dignas, ni idóneas de seguridad, sanidad ni servicios.

Para más inri, quiere construirlo rápidamente, sin licencia de obras –sólo comunicándolo– y sin cumplir con la legalidad urbanística, que impide construir en suelo rústico. Porque si algo le faltaba a esta “barbaridad” de proyecto –según la alcaldesa de Armilla– de 30 millones de euros es que tales terrenos son suelo rústico, y, por tanto, está prohibido construir en ellos. Ni urbanizar la parcela en la Colonia Dávila, ni construir el campamento que pretenden.

Si a cualquier ciudadano se nos ocurriera construir sin licencia en suelo rústico, lo mínimo que podría caernos sería una multa, pero probablemente acabaríamos detenidos por el Seprona y en la cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

España últimamente es un país con leyes injustas, que premian a unos privilegiados y castigan al resto de ciudadanos, porque ya no todos somos iguales ante la ley, y está claro que el Gobierno tampoco quiere cumplir las leyes, y no tiene problema alguno en vulnerar los procedimientos legalmente establecidos, pretendiendo construir en una parcela rústica sin licencia, porque el autoritarismo es su seña de identidad.

¿Qué mejor que Granada –a la cola de todo–, para cometer barbaridades urbanísticas? Pensarían que los granadinos iban a callarse, pero es un atropello mayúsculo –podría incluso ser presuntamente constitutivo de delito–, tanto, que estos alcaldes y vecinos no están dispuestos a tolerarlo.

Gobernar a golpe de Decreto-Ley o de actuaciones ilegales, no es el mejor marchamo para un Gobierno marcado ya por la sombra de una amnistía inconstitucional, leyes injustas, corrupción y autoritarismo.

Espero que, si el Gobierno pone una piedra sin licencia, le caiga todo el todo el peso de la ley, porque no se puede tolerar que haya un Gobierno que piense que la ley no es para él…