Nadie ha explicado a la ciudadanía, que es la que en última instancia paga las cosas que se hacen desde las instituciones públicas, en qué consiste con precisión ese totum intefinitum que se viene denominando el legado Lorca y que actualmente parece que es propiedad -no sabemos si hipotecada o no de alguna manera- de la Fundación familiar Federico García Lorca.

Parece ser que se trata de un conjunto de objetos personales, un sinnúmero de fotografías y casi cinco mil documentos manus o máquinoescritos que, seguramente, no tienen más interés científico o histórico que el de la curiosidad o el del valor emocional de los propios objetos "originales", pues parece que ya son, en casi su totalidad, completamente conocidos, estudiados y muchísimos, la mayoría, publicados. Se trata, pues, de objetos museísticos que tienen el valor económico residual que se les quiera dar, que puede ser mucho, habida cuenta de la relación de este corpus documental con la figura más destacada de la Generación del Veintisiete español y que, al propio tiempo, es uno de los más destacados escritores en lengua española de todos los tiempos.

El valor económico que pudiese dimanar de los derechos de las publicaciones que sobre estos y otros documentos y objetos se hayan realizado es, en buena medida, de lo que legítima y honorablemente se ha venido lucrando la familia García Lorca y descendientes o herederos, durante los últimos seis o siete decenios. Pero héteme aquí que, según la legislación vigente, estos derechos o muy buena parte de ellos deja, en estos años que vivimos, de pertenecer -desde el punto de vista lucrativo, se entiende- a los García Lorca y pasan a formar parte del patrimonio común de los españoles.

La gallina se ha puesto vieja y por tanto huera. La historia prosigue en La Romanilla, en el popularmente conocido como Centro Lorca. Construido con los dineros de Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma y Estado Español, que se entregaron, para su administración, a la Fundación García Lorca -léase familia- consistiendo en una importantísima cantidad de millones de euros, además de otros casi cuatro allegados por convenios de la Comunidad Europea con el Estado Sueco. Exclusivamente para construir el citado Centro Lorca, nunca para negocio de la familia Lorca u otros fines hoy equívocamente aducidos por la administradora.

Ya es hora de trasladar desde Madrid a Granada ese totum indefinitum que, inexplicablemente, aún sigue en la Fundación Libre de Enseñanza. Y de que la Fundación familiar rinda las cuentas del dinero público que han administrado. Y no como las del Gran Capitán, sino sin rollos, historietas, invenciones o tapujos, con luces, taquígrafos e interventores públicos. ¡Ya está bien! ¿O no?