En 2023 la Asociación Pro Derechos Humanos de la provincia de Cádiz (APDHA) brindó asistencia a 1.638 personas. Destaca Puerto Real que registró la mayor cantidad de inmigrantes atendidos, con un total de 645 personas de origen, principalmente, senegalés. "En Puerto Real, se ha observado un incremento del 50% en la presencia de residentes originarios de Senegal. Esto se debe a la existencia de una comunidad establecida por más de dos décadas, cuya actividad principal se centra en el comercio ambulante durante los meses estivales o en la temporada navideña, además de participar en actividades agrícolas como la recolección de fresas", destaca Toché García, responsable de la oficina de Derechos Humanos de San Fernando.

El número de usuarios que han recibido atención en el último año en las oficinas de La Janda, Chiclana, San Fernando y Puerto Real ha crecido un 20%. Mayoritariamente, estas personas son mujeres latinoamericanas que recientemente han llegado al país y que, ante la falta de otras oportunidades, se desempeñan en el cuidado doméstico de personas mayores.

"Están trabajando durante 3 o 4 años como mínimo con el fin de conseguir ese arraigo social que contempla la Ley de Extranjería. Sin embargo, una vez que alcanzan este arraigo, se enfrentan a obstáculos por parte de los empleadores para regularizar su situación, ya que durante ese periodo les pagaban un salario de manera informal. Ahora, sin embargo, se les exige un contrato indefinido con un mínimo de 30 horas semanales, pero muchos empleadores reducen estas horas o les sugieren que ellas mismas cubran los costos de la seguridad social", comenta García. 

Además, estas mujeres se encuentran limitadas en la oportunidad de acceder al arraigo, tanto en su aspecto social como formativo. Su tiempo en instituciones es limitado, lo que dificulta la posibilidad de elegir esta opción. El arraigo formativo consiste en inscribir a individuos que han residido en España por más de 2 años sin antecedentes penales con la meta de proporcionarles capacitación en una ocupación específica, facilitando así la obtención de un permiso de residencia orientado a su formación.

Por su parte, las personas de origen subsahariano enfrentan el desafío de solicitar empleo por cuenta ajena, ya que las empresas donde han trabajado durante 3, 4 o 5 temporadas se muestran reacias a formalizar sus contratos. Esta situación, de alguna manera, también supone un obstáculo tanto para las oficinas como para los propios inmigrantes en su proceso de integración laboral en la sociedad. "Estamos en busca de una crítica que vaya más allá de lo político y administrativo, abordando también aspectos sociales. Queremos llamar la atención de una sociedad que tiende a subestimar un elemento crucial como es el cuidado, y lamentablemente, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Migraciones son conscientes de ello pero evitan adentrarse en la raíz del problema, desviando la mirada hacia otros aspectos", recalca García. 

Aunque la Ley de Extranjería contempla la posibilidad de migrar desde los países de origen mediante la reagrupación familiar o a través de un contrato de trabajo, en la práctica esta opción es meramente teórica. Aunque en algunas ocasiones en Cádiz se otorgan estos permisos para ingresar a España, ya sea para trabajar o como parte de un proceso de reagrupación, la aprobación sistemática de estos permisos no es garantía en todas las subdelegaciones de España. Posteriormente, las oficinas enfrentan desafíos derivados de una gestión deficiente por parte de los consulados de España en el extranjero.

"A pesar de las afirmaciones de nuestros políticos sobre su deseo de una inmigración ordenada y legal, la realidad es que esto es prácticamente inalcanzable. Incluso cuando los individuos cumplen con todos los requisitos establecidos, la culpa no recae exclusivamente en las mafias; son las trabas surgidas de nuestra política migratoria las que alimentan su existencia. Hemos expresado en repetidas ocasiones y seguimos defendiendo la necesidad de una inmigración ordenada, legal y segura. No estamos pidiendo que se inicie un nuevo proceso o que se mejore uno existente, sino simplemente que se aplique la Ley de Extranjería. Esto ayudaría a evitar que muchas personas se vean obligadas a emigrar en condiciones peligrosas en pateras y a protegerlas de caer en manos de la mafia y la corrupción", destacan desde APDHA.

Las oficinas provinciales facilitan el proceso de acogida y regularización mediante la gestión de documentación y trámites, así como la organización de diversos eventos y actividades para promover la integración social. Por ejemplo, en las oficinas de San Fernando y Chiclana se imparten clases de árabe para preparar a los individuos para el proceso de nacionalización, mientras que en Puerto Real se ofrecen clases de español. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbate se organizan actividades que fomentan la multiculturalidad del los inmigrantes. 

La APDHA resalta el apoyo incondicional recibido por parte de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz: "La eficiencia con la que gestionan los expedientes de los inmigrantes es motivo de orgullo para nuestra organización. Sin duda, es una de las oficinas más eficaces en España".